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Ministerio Público acusa a 13 imputados por red de falsificación en la Operación Colibrí.

La Fiscalía de  Santiago dice tiene evidencia contra miembros de estructura criminal que operaba en torno a la Junta Municipal, falsificando documentos que ponía en riesgo la seguridad jurídica del país.


Por: Roberto Pérez


Santiago, R.D.-El Ministerio Público presentó al juez coordinador juzgados de Instrucción el expediente de 13 personas de la Operación Colibrí, integrado por funcionarios judiciales, de la Junta Central Electoral que robaban, falsificaban documentos públicos, privados, alterando sentenciadas judiciales para sacar de las cárceles a criminales. 


Hay un expediente de 600 páginas describiendo cómo operaba la organización, falsificar cédulas de identidad, licencias de conducir, permisos de porte de armas, títulos de propiedad; documentos oficiales, utilizando técnicas sofisticadas que comprometían la seguridad jurídica de la nación.


Están acusados Julio César Almonte Espinal-César-; William Ramón Rodríguez Rodríguez, Samuel Elías Ceballos Ramos, Ana Delia Ysidra Tavárez Soto; el funcionario de la Junta Central Electoral, José Carlos Montero Troncoso y otros 9 que e43l sistema judicial rehúsa dar a conocer.

Imputados enfrentan cargos por asociación de malhechores, falsificación de documentos públicos, privados, delitos de alta tecnología establecido en el Código Penal; violaciones a las leyes especiales 8-92 sobre  cédulas de Identidad; Ley 53-07 sobre Crímenes y Delitos de Alta Tecnología.


La Fiscalía revela, la red captaba clientes mediante "buscones" que gestionaban solicitudes fraudulentas; cuyos documentos originales eran alterados conservando características de seguridad que daban apariencia de autenticidad.


Para detectar esos robos, el Ministerio Público; técnicos de la Junta Central Electoral; organismos de seguridad estatal lograron recolectar 800 pruebas; realizaron allanamientos, confiscaron materiales; descubrieron las maniobras de esos "mafiosos"; descubrieron las formas ilícita y las bases de datos oficiales que poseían.


El Ministerio Público destacó que este caso pone de relieve la necesidad de robustecer los sistemas de seguridad, monitoreo, prevenir la manipulación fraudulenta de documentos oficiales en el país.


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