Imponen presentación periódica y prohibidas salir del país a cuatro médicos y a exvicesalcaldesa en Mao implicadas en falsificar documentos

Las médicos y exvicealcaldesa esposadas salen del Palacio de Justicia, en el municipio Santa Cruz de Mao, escoltadas por miembros de seguridad del Estado, al dictarse medida cautelar en presentación periódica y con impedimento de salida del país.

Por  Marcelo Peralta

Santa Cruz de Mao, R.D.- El tribunal de la Oficina Judicial de Servicios de Atención Permanente de la provincia noroestana presidente Jose Desiderio Valverde impuso hoy martes medidas de coerción contra cuatro profesionales de la medicina y una alcaldesa pedánea.

El Ministerio Público señala como colaboradoras a las doctoras Renata Suero Torres, Alba María Amparo Fede, Rocenny Cruz Álvarez y Eva Altagracia Cruz Rodríguez, la alcaldesa pedánea Yluminada Altagracia Uceta, quien habría emitido certificaciones falsas sobre supuestos decesos en su comunidad.

El esquema fraudulento y criminal fue idea del nombrado Máximo Mendoza, quien guarda prisión preventiva desde hace tres meses.

Mediante esa maniobra se vinculó a las médicos y vicealcaldesa  en este caso de presunta falsificación de actas de defunción para beneficiar un esquema de fraude dirigido por Maximo Mendoza.

La decisión judicial ordena presentación periódica los viernes finales de cada mes y prohibición de salida del país durante el proceso penal. 

Además, el caso judicial es declarado caso complejo.

Esto implica que las autoridades judiciales requieren más tiempos para ampliar los plazos de investigación a cargo del Ministerio Público.

El expediente detalla que Mendoza se hacía pasar por familiar directo de las víctimas, presentándose en centros de salud.

Amplió su entramado al  generar confianza en el personal médico, ya que la mayoría de ellas son médicos pasantes y Maximo Mendoza se aprovechó de esa debilidad vulnerable y condición de inexperiencia implicando a las profesionales de la medicina.

De esa manera y alegando que las personas que buscan certificados son pacientes diabéticos, por lo que se emitieron certificados de defunción con causas inexistentes como enfermedades crónicas.

Las autoridades documentaron 48 pruebas documentales, 10 testimoniales y 28 materiales, que vinculan a las imputadas con Mendoza. 

Entre los hallazgos, se identificaron al menos siete víctimas directas y al Estado dominicano como víctima institucional.

El esquema se nutría de personas en condiciones de vulnerabilidad económica que recibían beneficios de programas sociales como Tarjeta Solidaridad y Supérate, equivalentes a RD$2,100 mensuales.

Mendoza les ofrecía préstamos de entre RD$5,000 y RD$15,000, y cuando estas no podían pagar, las declaraba falsamente fallecidas para consumar su maniobra fraudulenta.

La investigación continúa abierta mientras el tribunal mantiene las restricciones a las imputadas y confirma que el proceso seguirá bajo seguimiento especial debido a la magnitud de los daños ocasionados al sistema registral dominicano.