Llegó el plazo de los tres meses del gobierno a empresas y empleadores para contratar de ilegales para trabajar y regular su estatus migratorio, porque de lo contrario estarían incumplimiento de la Ley 285-04 y su Reglamento de Aplicación 631-11.
Cuando se fijó el plazo, en la rueda de prensa estaban el ministro de Defensa, Carlos Luciano Díaz Morfa; de Salud, Daniel Rivera; de Obras Públicas, Deligne Ascensión; la directora de Control Migratorio, Lianny Vásquez, y el senador de La Altagracia, Virgilio Cedano Cedano.
Aunque ya perimió el plazo el
pasado 28de diciembre de 90 días, no se sabe las empresas y empleadores que
requieran los servicios laborales de ciudadanos extranjeros, si llenaron los
requisitos establecidos por el Estado.
Tras el vencimiento de los 90
días, cita el gobierno los empresarios y empresas
deberán contratarlos de
conformidad con los parámetros legales establecidos en la normativa migratoria
y laboral nacional.
Para ello deben cumplir con
el procedimiento y los requisitos establecidos en la Ley, el Reglamento
establecido.
Una vez vencido el plazo de
desmonte, se debe ejecutar el régimen de sanciones aplicables a empresas y
empleadores, de acuerdo con el artículo 132 de la Ley General de Migración, que
impone sanciones de multas de cinco a treinta salarios mínimos a quienes
contraten y proporcionen trabajo a ciudadanos extranjeros ilegales y no
habilitados para trabajar en el país.
El Ministerio de Interior y
Policía es el que coordinará con el Ministerio de Trabajo y Dirección General
de Trabajo será la responsable de la vigilancia y el cumplimiento de los
artículos del 135 al 140 del Código Laboral establecen la proporcionalidad de
trabajadores extranjeros contratados por una empresa o empleador.
El Estado dominicano tomará
todas las medidas necesarias, en cumplimiento de la Ley, para evitar el ingreso
al país, a ciudadanos de nacionalidad extranjera que implique una carga
irrazonable para las finanzas públicas.
Destacó que el Ministerio de
Interior y Policía tiene la misión de velar por el cumplimiento de la Ley
General de Migración, aplicar la política migratoria del Estado como organismo
que ostenta la presidencia del Consejo Nacional de Migración.
“Entendemos que un tema tan
descuidado por muchos años requiere de un gran esfuerzo de consenso entre los
actores públicos, privados para lograr que los usos, costumbres cumplan con las
obligaciones, límites que impone el ordenamiento jurídico en materia
migratoria”, expresó Vásquez.
Concluyó diciendo que el
Gobierno tiene el compromiso de cambiar esta situación, porque no es posible
continuar con una práctica que pone en riesgo las posibilidades de un verdadero
desarrollo para todo el pueblo dominicano.
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