Eduardo Lorenzo Collado Báez.
Jarabacoa, La Vegas, R.D.-
Es tradicional que en proceso electorales en el país surgen bandas y redes de
mafiosos robándose que se roban hasta la respiración de las personas.
Esos delincuentes,
se roban las tierras, propiedades privadas y desde las esferas del gobierno
guardan “silencio”.
La semana pasada y la que transcurre, el doctor Ramón Antonio Veras, pasado
presidente de la Asociación de Abogados de Santiago ha venido denunciando la
existencia de mafias en todo el Cibo y la Región Noroeste.
Ahora,
el
empresario Eduardo Lorenzo Collado Báez denuncia que una supuesta mafia
enquistada en la jurisdicción inmobiliaria de La Vega quiere despojarlo
ilegalmente de 41 propiedades que posee en Jarabacoa para un proyecto
turístico.
Explicó que sus propiedades han sido afectadas con la inscripción de
hipotecas y gravámenes sin ningún soporte jurídico, con un expediente que en
vez de ser denunciado por la exregistradora de títulos, lo recibió violando el
reglamento general de la institución y la Ley 108-05 de Registro Inmobiliario.
Dijo que su proceso lleva seis años sin
resolverse y sus propiedades siguen obstruida sin poder echar hacia adelante
sus proyectos.Sostuvo que en el país existen leyes preciosas pero que no se
cumplen y que los primeros que las violan son algunos funcionarios, porque
cuando son designados en una función se creen que tiene un feudo.
“La mayoría
de esos funcionarios se creen dioses”, y dijo que su caso cae como anillo al dedo
al presidente de la Suprema Corte de Justicia, cuando en su discurso el día del
Poder Judicial habló de transparencia y de limpiar el Poder Judicial.
“Yo tengo
todo mis documentos que sustentan la denuncia de la composición de la red
mafiosa que ha intentado despojarme de mis propiedades”.
Explicó que su proceso
empezó cuando un señor le notificó un pagaré notarial de una inexistente deuda
de 476 mil dólares y que a partir de ahí empezó el viacrucis que a la fecha no
ha sido resuelto por los tribunales.
Explica que a sus propiedades les fueron
inscritas hipotecas inmobiliarias con un expediente que nunca fue recibido, sin
cumplir con los requerimientos de las leyes inmobiliarias (Código Civil, Ley de
Notario y la Constitución de la República).
Precisa que la Registradora de
Títulos en La Vega en ese momento, en una franca violación al Reglamento
General de Registro de Títulos, y a la Ley 108-05, de Registro Inmobiliario de
forma abusiva y atropellante consintió un expediente que debió ser denunciado a
sus superiores por ser un expediente completamente viciado.
Indica que fruto de
la situación ha tenido que impulsar procesos civiles, penales e inmobiliarios
pero que la falta de seguridad jurídica en el país lo tiene en una situación de
que todos sus proyectos inmobiliarios estén paralizados.
Indicó que en la
jurisdicción inmobiliaria del Poder Judicial están inscritos unos gravámenes e
hipotecas en 41 inmuebles sin ningún soporte jurídico o ninguno de los
requisitos que exigen la jurisdicción inmobiliaria para la inscripción de ese
expediente.
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