SANTIAGO.- El exvicepresidente del Colegio Dominicano de Periodistas (CDP) y quien también ocupara la vicepresidencia del Ayuntamiento de Tamboril durante cuatro años, Luis Céspedes Peña, considera que la modificación a la Constitución debe restablecer el modelo de cuatro años de gobierno, con un intervalo de 48 meses, la asignación de una candidatura legislativa mínima para cada Municipio no cabecero, la no creación del Ministerio Público Independiente, la unificación de la diferentes elecciones, la eliminación de los diputados nacionales, así como la reducción de las 18 diputaciones del Distrito Nacional.
También plantea, aunque no está en el proyecto de
reforma, que la “Constitución les devuelva decenas de kilómetros en territorios
a Municipios no cabeceros, los cuales fueron despojados por algunas provincias,
como son los casos de Tamboril, Licey al Medio y Puñal.
Con relación a la candidatura presidencial, manifiesta
que es importante evitar la reelección consecutiva, retomando así el modelo de
la Constitución del 2010. Observó que eso permite mantener los liderazgos y
ofrece menos oportunidades para supuestos fraudes electorales.
“Ese modelo, de gobierno del Presidente Leonel
Fernández, como el de volver a unificar las elecciones nacionales con las
congresuales y municipales, le ahorra al país millones de pesos, como tiempo
a favor de los votantes”, dijo.
El comunicador explicó que “su postura es en respuesta
a parte de la propuesta de modificación constitucional, hecha por la
Presidencia de la República”.
Señaló que tampoco se debe pensar en una modificación
constitucional para un tipo de gobierno de seis años, modelo que contribuye a
la creación de dictaduras. Precisó que el hoy ex Presidente Donald Trump tiene
la posibilidad de volver a dirigir a Estados Unidos, debido a que cumplió con
un período de cuatro años, con un intervalo de 48 meses, aunque para él fue
obligatorio, debido que no ganó la reelección consecutiva cuando aspiró.
También plantea dejar sin efecto la idea de la
creación del Ministerio Público Independiente, en virtud de que no es cierto
que ese organismo permitiría el desarrollo de una Justicia con independencia.
“Eso no es verdad y ahí estoy de acuerdo con el ex Presidente Hipólito Mejía,
que sostiene que no hay Justicia independiente”, añadió.
Dijo que en el modelo actual de Justicia la corrupción es mayor que antes, sólo que es más institucional. Dijo que lo correcto es que se vuelva al anterior sistema de designaciones de fiscales de parte del Presidente de la República y quien, junto a su partido, sería el responsable del buen o mal funcionamiento de esos magistrados, incluyendo al máximo representante de la Procuraduría General de la República.
Destacó que la Justicia de hoy, a parte de la
corrupción, es fiscalista, donde casi todas las personas que son detenidas
tienen que sufrir las ya famosas Medidas de Coerciones, debido a que no se
hacen investigaciones, como se hacía antes, para determinar si un detenido es
culpable o no de un hecho. “Pero también hay que admitir que hay fiscales
honestos, responsables y trabajadores, como podríamos citar el general de
Santiago, Osvaldo Bonilla”, aseguró.
También explicó que la lucha contra la delincuencia o
la violencia era más efectiva cuando se permitía el recibimiento de querellas
en la Fiscalía y la Policía de cada jurisdicción. “Ahora es sólo en la
Fiscalía”, indicó. Dijo que muchas de las muertes, especialmente de mujeres,
que se originan los sábados o domingos, ocurren porque las Fiscalías están
cerradas esos días, lo que no sucedía cuando las víctimas también podían
querellarse en la Policía, lo que permitía la rápida intervención de ese
órgano. “Se permitía recibir querellas en la Policía y la Fiscalía”,
aclaró.
“Cuando había quejas del pueblo, con el viejo
sistema, el poder político inmediatamente hacía llegar los casos al Presidente
de la República y si los mismos ameritaban la cancelación de una determinada
autoridad judicial o el traslado a otra dependencia se hacía, lo que no existe
en los actuales momentos”, manifestó.
Sugirió la obligatoriedad constitucional a favor
de la mayoría de los Municipios del país, a los cuales se les debe fijar por lo
menos un puesto legislativo en cada elección.
El periodista señala que, en el caso de la Provincia
Santiago, como en otras, más del 93 por ciento de las candidaturas a diputados
y el senador son de los Municipios cabeceros.
Recordó que en el caso de Tamboril, uno de los
Municipios más industrializados del país, que pertenece a la Provincia
Santiago, el gobierno del dictador Rafael Leonidas Trujillo Molina, mantuvo por
varios períodos como diputado a Alberto Valentín, mientras que el Partido
Reformista lo hizo con Príamo Comprés Rodríguez y el empresario Fernando
Capellán.
El seguimiento continuó con Dimas Felipe D,Meza
Chávez, del 1978 al 86, del Partido Revolucionario Dominicano (PRD). “De
ahí a la fecha, las direcciones de los partidos políticos no le asignan una
candidatura legislativa a Tamboril”, aclaró.
Indicó que en la Provincia Santiago, para sólo poner
un ejemplo, la Constitución debe asignarles por lo menos una candidatura
legislativa a Licey al Medio, Puñal, Navarrete, Villa González, Sabana Iglesia,
Jánico, San José de las Matas y Tamboril.
“La Provincia Santiago tiene 18 diputados y un
senador, los cuales, casi siempre, con algunas excepciones, son asignados al
Municipio cabecero”, citó. Y dijo: “La Provincia tiene diez Municipios en
total, por lo que, asignándole un mínimo de una candidatura a las nueve
comunidades menores, todavía quedan nueve diputados para el Municipio de
Santiago y posiblemente la de senador”, aseguró.
El periodista Luis Céspedes Peña también pide que en
la reforma a la Constitución, que no está en la propuesta del Presidente Luis
Abinader, se le devuelvan los territorios que muchos Municipios cabeceros y
provincias les quitaron a municipalidades más pequeñas, violando la Ley sobre
la materia, que indica que un “Municipio no debe tomar decisiones en perjuicio
de otro”, como es el caso de Tamboril, que desde los años 60 a la fecha, fue
despojado de más de la mitad de su jurisdicción.
Observó que daños similares sufren los Municipios de
Puñal y Licey al Medio, a beneficio del Ayuntamiento de Santiago, lo que
prohíbe la propia Constitución. “En materia de territorio, Licey al Medio, si
no fuese por la influencia que tienen sus líderes, no calificaría ni para
Distrito Municipal, fruto de ese despojo territorial que se le hizo”,
precisó.
Afirmó que en la década de los 80, Puñal, que todavía
no era Municipio, su territorio comenzaba próximo al Hotel Matum, pero ya está
a varios kilómetros lineales citando como parámetro la Autopista Duarte, donde
el Ayuntamiento de Santiago colocó un letreo señalizador, dividiendo ambos
territorios.
Dijo que esos despojos pasan millones de pesos
mensuales en impuestos a los Ayuntamientos cabeceros de la zona, como son los
casos de Santiago, Moca y Puerto Plata, en perjuicio de los más pequeños. “No
sólo eso, sino que millares de votantes de los Municipios más pequeños ya votan
en territorios pertenecientes a otros Municipios de Santiago, Espaillat y
Puerto Plata, debido a que las Mesas Electorales que había antes en esos
límites, pasaron a nuevas jurisdicciones.
Destacó que esos movimientos no son gratuitos, sino que llevaron cientos de millones de pesos a los bolsillos de legisladores y otros interesados para aprobar esas transferencias territoriales.
Informó que, en el caso de Tamboril, su pueblo natal,
éste sufrió el despojo de la Sección Arroyo del Toro, en la década de los años
70, una de las comunidades rurales del país más extensas en territorio, con la
mayor riqueza de ámbar, pastos, árboles frutales y maderables, siendo
adjudicada a Puerto Plata.
“Y también sufrió el despojo de San Víctor y Ceiba de
Madera, adjudicados a la Provincia Espaillat”, dijo. Aseguró que todavía
en los años recientes, Tamboril perdió a las Secciones Gurabo, casi a
Pontezuela por completo y parte de Guazumal. “Antes se le había quitado a Hoya
del Caimito, la mayoría de los territorios de las Secciones Monte Adentro y Don
Pedro”, explicó.
Esos territorios fueron adjudicados al Ayuntamiento de
Santiago, abarcando las gestiones de los Partidos Reformista (PR),
Revolucionario Dominicano (PRD) y de la Liberación Dominicana (PLD). Recordó
que el límite de Tamboril con Santiago era Villa Progreso, en la década de los
años 60, después de la muerte de Trujillo, y luego (en los 80), se produjo otro
despojo que llevó la división a El Guano. “Y ya está después del puente de
Pontezuela, que ahora es de los santiagueros, unos tres kilómetros lineales entre
ambos pueblos”, dijo.
Informó que hay una legislación pendiente, que parece
que no fue firmada por el Presidente Danilo Medina, que extiende el territorio
de Santiago hasta el puente Guazumal, para así arrastrar con la Zona Franca de
Tamboril, otra franja de los guazumaleños, parte del Licey al Medio, para pasar
territorialmente al Aeropuerto Internacional del Cibao, que está en esa
jurisdicción, al control de los santiagueros. “También despojaría de otra área
territorial de Puñal.”, afirmó.
“Ya el Ayuntamiento de Santiago tenía policías
municipales asignados en el área del elevado de la Circunvalación Norte (frente
a la Zona Franca), correspondiente a Tamboril, pero por la presión de los
tamborileños fueron retirados. “Eso hace menos de dos años”, añadió.
Para hacer frente a esa situación, el alcalde de
Tamboril, Anyolino Germosén, colocó un arco, ahora antes del puente de
Pontezuela, que dice: Bienvenidos a Tamboril”. “Fue una respuesta de
Germosén a los despojadores de terrenos en contra de Tamboril, lo que lo
enfrentó con algunas autoridades de Santiago”, aseguró el periodista. Informó
que esa misma política de señalización la está aplicando el Municipio de
Puñal.
El periodista Luis Céspedes Peña indicó que, “incluso,
las urbanizaciones que están en la partecita que queda de Pontezuela Tamboril,
los apartamentos son vendidos como si estuvieran en territorio del Municipio de
Santiago”.
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