La Red Socioambiental Nacional alertó a poderes
públicos, particularmente al presidente Luis Abinader y al nuevo Congreso, ante
el peligro inminente que representa la modificación de la Constitución, si esta
no responde a necesidades, demandas reales del pueblo, ya que podría atentarse
contra derechos sociales y ambientales consagrados en la carta magna.
Entiende que, aunque el presidente ha
puntualizado los artículos que serían modificados, la sola apertura de la
modificación abre las puertas para que otros elementos sean aprovechados por
sectores interesados en cambiar aquellos referidos a derechos fundamentales y a
conquistas alcanzadas por los dominicanos a través de la historia, que han sido
la base preponderante en la construcción de la democracia.
La entidad, integrada por organizaciones
sociales y ambientales, advierte a los legisladores que el patrimonio
ambiental, compuesto por recursos como el agua, corre el riesgo de ser
enajenado no solo con propósitos privatizadores, sino también con las concesiones
mineras, donde cuatro mil corrientes superficiales de agua están rodeadas por
esas concesiones.
La Red recordó que, en este país, los sectores
preocupados por el futuro de los activos ambientales como legado a las futuras
generaciones, tienen más de 30 años reclamando una ley de agua que garantice el
contenido en el artículo 15 de la Constitución, que sirva de escudo contra la
privatización del agua y haga sostenible este invaluable recurso, protegiéndolo
como bien público, como recurso estratégico y como derecho humano.
Igualmente, sostuvo que los derechos sociales
y fundamentales garantizados en la Constitución deben ser “blindados”, para
usar una expresión de moda, como única garantía de preservar la
democracia.
Significa que salud, educación, vivienda y
trabajo digno, no son concesiones del poder, sino derechos irrevocables del
pueblo.
Advierte que por todo lo anterior, la
rechazará todas las políticas que atenten contra los intereses populares a
nivel nacional, que se pretendan incluir aprovechando una reforma
constitucional, el Código Penal y la reforma fiscal, entre otras.
Expresa que los legisladores, que fueron
favorecidos con el voto popular, deben obedecer a los intereses de las
comunidades en las que fueron elegidos y recordar que el congreso es un poder
independiente, como está consagrado en la misma Constitución, al definir la
división de los poderes del Estado.
Propone la creación de una nueva ley minera,
orientada a la sostenibilidad, desarrollo humano integral, independencia y
soberanía (nacional, hídrica, alimentaria, de nuestros recursos y riquezas) o
que se realice una profunda reformulación y actualización de la vigente ley que
data del año 1971 ya
que en su forma actual es un instrumento de saqueo y destrucción.
Instó al Congreso a decidir si prefiere servir
a los intereses del oro y las corporaciones, o si elige defender la vida, las
cuencas, las cordilleras y los ríos que son el alma de nuestra patria.
“El Congreso que se constituirá el 16 del cursante mes de agosto, para legislar objetivamente en beneficio del país, ha de escuchar a los sectores que sostienen la defensa de derechos sociales, bienes públicos establecidos en ecosistemas ambientales, como las cuencas hidrográficas, ríos, cordilleras, procurar el conocimiento de la situación actual del uso del territorio, recursos naturales en lugares donde se han concesionado las minas de oro, determinando daños, poner en una balanza beneficios inmediatos y perjuicios futuros que comprometen seriamente la sostenibilidad de la isla”, puntualizó.
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