El obispo de San Francisco de Macorís, monseñor Ramón Alfredo de la Cruz, emitió un decreto episcopal en el que prohíbe a sacerdotes y diáconos de su diócesis emitir cartas de recomendación, testimonio, cualquier documento similar con el propósito de ser utilizados en procesos judiciales, civiles o penales.
En el documento, De la Cruz indica que el
papel de sacerdotes y diáconos de la comunidad debe ser el de pastores y guías
espirituales, no el de influenciadores en procesos judiciales seculares.
La prohibición abarca cartas de recomendación
para individuos en litigios civiles, en procedimientos penales y declaraciones
escritas solicitadas por abogados defensores o fiscales.
“La participación en procesos judiciales
mediante la emisión de cartas podría comprometer la percepción de imparcialidad
de la iglesia y de sus ministros”, dice en uno de los considerandos.
Añade que “la iglesia debe mantener su
testimonio ético y moral, evitando cualquier apariencia de influencia indebida
en asuntos de justicia secular.
El documento señala que no se harán
excepciones a la prohibición en ninguna circunstancia.
Incumplimiento
El
decreto establece en caso de incumplimiento, se aplicarán medidas
disciplinarias conforme con lo establecido por el derecho canónico.
El decreto fue comunicado a todos los
sacerdotes, diáconos y animadores de asamblea de la diócesis, mediante circular
oficial.
La costumbre de emitir cartas de recomendación
en procesos judiciales es una práctica común en muchos procesos.
La prohibición podría extenderse a otras diócesis.
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