Jima, La Vega, R.D.- Líderes comunitarios de La Vega solicitaron a las autoridades de medio ambiente y del gobierno central, ayudar en la reubicación del vertedero que se encuentra a orillas del Río Jima, en el barrio Villa Consuelo.
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En un taller de trabajo los comunitarios hicieron un diagnóstico de las dificultades ambientales que afectan a la comunidad.
Señalan que la recogida, el transporte y el depósito de los desechos urbanos, como su principal problema.
El diputado del Parlamento Centroamericano, Doctor Carlos Sánchez, los participantes en el encuentro explicaron que en el vertedero de Jima Abajo, depositan la basura, además, los ayuntamientos de los distritos municipales de Ranchito y Rincón.
Los alcaldes de la zona, afirman que han tratado de resolver la situación, pero con poco éxito y que en una ocasión compraron unos terrenos para reubicar el vertedero pero que fueron repartidos como solares.
Aducen que aparte de los problemas ambientales que afectan a las comunidades de la zona, los pobladores identificaron la contaminación del canal mayor o canal central, que atraviesa por el centro la ciudad de Jima, que está siendo usado por la población para eliminar las aguas servidas y la conexión de drenajes sanitarios, creando con ello un fuerte foco de contaminación pública.
“Son 38 las conexiones que desde hace años están depositando los desechos en el canal principal y solo con la intervención de las autoridades nacionales podríamos resolver ese problema, porque la gente no colabora”, enfatizó Rafael Cruceta, luchador comunitario de muchos años.
De su parte el doctor Carlos Sánchez, promotor del acuerdo de Escazú, durante el encuentro hizo un recuento del momento en el que se encuentra el planeta producto del cambio climático y el calentamiento global.
“Ante la situación que se le presenta a la humanidad, todos tenemos que aportar en la lucha contra el cambio climático, desde el lugar que ocupamos”, señaló Sánchez.
El tratado de Escazú es un acuerdo vinculante que está siendo impulsado por las Naciones Unidas para la participación social y la protección de los defensores del medio ambiente, firmado en 2018 por 24 países y ratificado por 11 naciones de América Latina hasta el momento. La República Dominicana aún no lo ha ratificado.
El Tratado de Escazú se encuentra desde el mes de octubre del año pasado en el Tribunal Constitucional a la espera de opinión para ser enviado al congreso donde deberá ser ratificado, si ese organismo emite una opinión favorable.
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