Coerción a 11 policías ejecutaron 5 hombres en Santiago a tres meses presos y otros pagar dinero

Wilson Camacho indicó que el proceso es una oportunidad para aprender y evitar que hechos de esta naturaleza se repitan.

Por Marcelo Peralta

 

Santiago, R.D.-En un ambiente tenso, lleno de expectativas, la jueza de la Oficina de Atención Permanente de aquí, magistrada, Yerixa Cabral, impuso medidas de coerción contra once agentes de la Policía acusados de ejecutar a cinco hombres.

Cuatro de los policías deberán cumplir tres meses de prisión preventiva.

Mientras que los siete restantes han sido favorecidos con garantía económica que deberán pagar a través de una compañía de seguros.

Quienes cumplirán prisión preventiva son el sargento Hairo Mateo Morillo; segundo teniente Domingo de los Santos Vargas; sargento mayor Sócrates Fidel Féliz Féliz y el cabo Yohandy Encarnación.

A siete de los policías kim ocurridos deberán pagar una garantía económica de un millón de pesos a través de una compañía aseguradora.

Presentarse periódicamente ante las autoridades; tienen impedimento de salida del país.

Garantia economica y no pueden sañir de.l pais sin permiso

En tanto pagarán garantía económica de un millón de pesos, los mayores Álvaro Paredes Paniagua y Hansel Michel Cuevas Carrasco; capitán José Ignacio Gómez Rodríguez;  tenientes Geyser Francisco Álvarez Rodríguez y César Augusto Martínez Trinidad;  rasos Adrián Miguel Villalona Pineda y José Octavio Jiménez Peña.

Ejecutados
Estos participaron en la ejecución de cinco civiles que son Elvis Antonio Martínez Rodríguez (Deivito), de 26 años; Julio Alberto Gómez (La Tabla), de 28; Carlos Enrique Guzmán Navarro (Charly o Charli Chasc), de 40; Edward Bernardo Peña Rodríguez, de 35; y José Vladimir Valerio Estévez, de 25 años.

Califican
El caso recibió la calificación jurídica provisional de violación a los artículos 265, 266, 295 y 304 del Código Penal dominicano que tipifican la asociación de malhechores y el homicidio voluntario.

Estos agentes policiales viajaron desde Santo Domingo y buscaron más miembros en Santiago, llegaron a la plaza en tres vehículos (dos carros: un Mazda y un Honda Civic) y una KIA, modelo K5, del año 2013, se estableció en la solicitud de medida de coerción.

Señala que los imputados pusieron en marcha los vehículos y se ubicaron frente a la entrada de la plaza y rápidamente salieron de los referidos vehículos y sin mediar palabras dispararon contra las víctimas en presencia de una persona testigo que pudo grabar lo sucedido y a quien los imputados le quitaron su teléfono móvil.

Además, se detalla que los policías sustrajeron los DVR de los negocios del lugar del hecho, varios teléfonos pertenecientes a distintas personas presentes en el lugar, con el interés de destruir evidencias del proceso, así como para entorpecer y obstruir la investigación”.

Incluso, agrega la instancia, llamaron al propietario de un negocio que estaba cerrado solo para que le entregara el DVR del local, el cual tomaron y se lo llevaron.

Medida

La decisión de la Oficina Judicial de Servicios de Atención Permanente de Santiago declara el proceso de tramitación compleja.

Wilson Camacho

Al salir de la audiencia, el procurador adjunto Wilson Camacho, titular de la Dirección General de Persecución, enfatizó el compromiso del Ministerio Público con la investigación. 

“Desde el principio nos hemos comprometido, ya investigamos y procesamos estos hechos que produjeron cinco muertos, y es necesario que se haga justicia”, expresó.

Fiscales

Una de las cosas que estableció el tribunal fue la gravedad de estos hechos, señaló Camacho, quien estuvo acompañado en audiencia por las fiscales de Santiago, Quirsa Abreu Peña quien es la titular; además de Yeny Liranzo y el procurador de corte de la Dirección de Persecución, Héctor García.

“Es importante, a partir de estos hechos, que aprendamos que, como sociedad, nos aseguremos de prevenir que casos de esta naturaleza no se repitan" dijo.

La audiencia, donde la jueza Yerixa Cabral de la Cruz impuso las medidas de coerción, duró más de seis horas con dos recesos de aproximadamente media hora cada uno.

El Ministerio Público ha establecido en el proceso que luego de cometer el hecho, los imputados desarrollaron una serie de acciones con el objetivo de ocultar evidencias y entorpecer la investigación posterior.

Después de que sucedió el hecho, la procuradora general de la República, Yeni Berenice Reynoso, instruyó al director general de Persecución del Ministerio Público y a la fiscal titular de Santiago para que realizaran una investigación para “determinar las circunstancias objetivas en las que ocurrió el caso en cuestión y proceder conforme el resultado de la misma”.