Por Elvin Castillo
La migración ilegal haitiana hacia República Dominicana ha sobrepasado cualquier límite razonable y se ha convertido en el principal desafío para el presente y el futuro del país.
La crisis de violencia y el colapso institucional en Haití han llevado a millones de sus ciudadanos a cruzar la frontera en busca de seguridad, empleo y una vida digna.
Sin embargo, esta situación representa un problema grave para la nación dominicana.
Si bien el aspecto humanitario es comprensible, República Dominicana no es responsable de la crisis haitiana ni tiene la obligación de asumir un flujo migratorio descontrolado.
La sobrecarga en hospitales, las escuelas repletas de niños y el crecimiento de una población indocumentada, que se estima en más de 2.5 millones de personas, demuestran el impacto directo de este fenómeno.
En el ámbito internacional, el derecho público va en franco deterioro, y los países se han visto obligados a tomar medidas para garantizar su supervivencia, sin importarle las críticas de otras naciones que, a menudo, solo velan por sus propios intereses, ejemplos recientes Rusia, Israel y El Salvador.
Los dominicanos debemos defender nuestra supervivencia como raza por encima de los mismos traidores internos que conspiran.
Propuesta de solución
1. Censo y regularización controlada
Se debe realizar un censo exhaustivo para determinar la cantidad de mano de obra haitiana necesaria en sectores como la construcción y la agricultura.
Si se estima que el país requiere 500,000 trabajadores, se debe implementar un sistema de identificación biométrica para regularizar su estatus.
Junto con sus familias, este grupo podría alcanzar un máximo de 800,000 personas con permisos temporales de trabajo.
2. Repatriación inmediata de indocumentados
Una vez establecido el número de trabajadores permitidos, todos los haitianos indocumentados restantes deben ser repatriados sin excepción.
No puede haber espacio para irregularidades ni pretextos que permitan la permanencia de quienes no están legalmente autorizados.
3. Responsabilidad internacional compartida
Lo más lógico sería implementar una especie de “Plan Marshall” en Haití pero como a la comunidad internacional no le importa y no queda nada que le interese propongo lo siguiente.
Se propone la siguiente distribución de ciudadanos Haitianos:
*República Dominicana 800,000 haitianos
•Estados Unidos: 1,000,000 haitianos
•Canadá: 2,000,000 haitianos
•Francia: 2,000,000 haitianos
•Venezuela: 1,000,000 haitianos
•Otros países: Reubicación del resto de la población afectada
De este modo, cada nación asume su parte de responsabilidad en una problemática que, desde hace tiempo, debería ser atendida de manera conjunta.
4.Control migratorio y sanciones severas
Es fundamental aplicar con firmeza las leyes migratorias para evitar una suplantación racial en el país, especialmente debido a la alta tasa de nacimientos de haitianas en hospitales dominicanos. Para ello, el gobierno debe:
• Castigar a los traficantes de inmigrantes ilegales, incluyendo a militares involucrados con sanciones ejemplarizante (incluyendo la pena de muerte)
• Sancionar de manera drástica a las empresas que contraten trabajadores ilegal
Hacer cumplir la ley del 80/20, garantizando que al menos el 80% de los empleados sean dominicanos.
El gobierno está obligado a actuar con firmeza y determinación, contra los sectores privilegiados (sin importar apellidos) que han promovido este desorden incluyendo empresarios, militares y la iglesia.
Un llamado a la acción
La historia nos ha enseñado que la traición y la indiferencia pueden poner en riesgo la soberanía de una nación.
Como bien dijo el patricio Juan Pablo Duarte:
“Mientras no se escarmiente a los traidores como se debe, los buenos y verdaderos dominicanos serán víctimas de sus maquinaciones.”
Es hora de que el liderazgo político, empresarial y eclesiástico asuma su responsabilidad.
El pueblo dominicano no puede ser abandonado ante un desafío que compromete su identidad y futuro.
Solo con decisiones firmes y una estrategia bien definida se podrá garantizar la estabilidad y el bienestar de la nación.
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