Mediante el decreto 668-22, el presidente Luis Abinader, dispuso una serie de medidas para prevenir y perseguir las invasiones y ocupaciones irregulares de la propiedad privada y del Estado.
El
decreto dispone de manera particular que los extranjeros que sean debidamente
procesados, serán expulsados conforme a las atribuciones constitucionales del
presidente para ello, y no podrán regresar al país, para lo cuál se dan
instrucciones a una serie de órganos como el Ministerio de Interior y Policía,
el Ministerio de Relaciones Exteriores, Migración y Policía.
Las de
las medidas adoptadas consisten en la creación de una unidad especializada en
la Policía Nacional para la prevención y persecución de las invasiones y
ocupaciones irregulares de la propiedad privada y del Estado.
En el
mismo tenor, se instruye al ministro de Interior y Policía y al director
general de la Policía Nacional, para que en el marco del debido proceso y de
conformidad con la ley, procedan con la persecución y sometimiento a la
justicia de aquellos extranjeros que participen en ocupaciones ilegales de
terrenos de propiedad privada o propiedad del Estado.
¿Qué
pasará con los extranjeros?
En
relación a los extranjeros para con los que se compruebe la comisión de las
violaciones de propiedad privada, se instruyó también al director general de
Migración para que ejecute su expulsión del país, e impida de manera definitiva
a personas en estas circunstancias ingresar nuevamente a territorio nacional.
Expulsarán
extranjeros que invadan tierras del Estado.
Respecto
a esta última medida, se dispuso por igual que el Ministerio de Relaciones
Exteriores instruya a los consulados de la República Dominicana establecidos en
los países de origen de los ciudadanos extranjeros que incurran en la violación
de la ley que señala el presente decreto, a establecer un registro particular,
con el propósito de que estos ciudadanos no puedan optar jamás por ningún tipo
de visado o permiso de entrada al territorio de la República Dominicana, así
sea en calidad de turista o de residente.
El
decreto resaltó que es de alto interés para la presente Administración la
preservación de la seguridad nacional y el orden público, así como la protección
del derecho de propiedad consignado en el artículo 51 de la Constitución de la
República.
Asimismo,
se señala que el gobierno dominicano ha luchado durante años por asegurar la
efectiva tutela del derecho de propiedad, que resulta hoy en día particularmente
relevante para fortalecer la seguridad jurídica, por lo que deben tomarse todas
las medidas necesarias para impedir las ocupaciones irregulares o invasiones a
la propiedad privada.
Se
recuerda que recientemente el alto comisionado de la Organización de las
Naciones Unidas (ONU) para los derechos humanos, Volker Turk, solicitó a la
República Dominicana detener las deportaciones de los ciudadanos haitianos que
se encontraran en el país en estado ilegal de inmigración y que protegiera los
derechos de estas personas.
«Hace una
semana pedí que se detuvieran las deportaciones a Haití, dada la crisis
humanitaria y de derechos humanos a la que se enfrenta el país. Me preocupa ver
que continúan las devoluciones forzadas de haitianos a Haití desde la República
Dominicana», dijo.
De su
lado, el presidente de la República, Luis Abinader, visiblemente molesto
respondió que “La política migratoria de cada país es potestad de cada
Gobierno, por lo tanto esas declaraciones son inaceptables e irresponsables”,
dijo el mandatario a periodistas que lo entrevistaron en uno de los pasillos
del Palacio Nacional ayer.
“República
Dominicana no solamente va a continuar las deportaciones de ciudadanos
haitianos, sino que las va a incrementar”, puntualizó el mandatario, al
considerar que a los dominicanos no se le puede pedir más, ya que ha sido
el país más solidario con Haití en todo el mundo.
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