Además,
ser garante de litigación bajo un marco de lealtad procesal.
El magistrado
Justiniano Montero dice jueces deben dispensar trato respetuoso a las partes.
También,
le pide ser garante de litigación bajo un marco de lealtad procesal, que resuelva las controversias del destino de un imputado,
acogiéndose las evidencias en el juicio, administrando la real justicia.
Justiniano
Montero, juez de la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia, manifestó
que, al ejercer su potestad jurisdiccional, el juez, insiste, debe evitar incurrir
en abusos que contraríen los principios éticos y morales.
Al participar en una reunión
de la Comisión Iberoamericana de Ética Judicial, bajo el tema “Abuso de la
jurisdicción por el juez en clave ética”, el magistrado Montero expuso que
desde la Comunidad Iberoamericana se hacen esfuerzos por concebir el proceso no
solo desde la más estricta regulación jurídica, desde las exigencias éticas de
trato igualitario a las partes, sin favoritismo y propiciando un buen
debate.
“Se trata de ejercer las
potestades jurisdiccionales tanto hacia fuera como a lo interno desempeñar con
ecuanimidad y sin excesos la función de los jueces como directores del proceso
judicial, en el que el juez tiene también el deber ético de impedir las
conductas abusivas de las partes y de los operadores jurídicos
intervinientes”.
“En definitiva, el abuso de
la jurisdicción consiste en actuaciones y comportamientos excesivos que, de
prohijarse desde el fuero interno de la administración de justicia, podrían
trascender más allá de la administración del proceso y convertirse en males que
conviene prevenir y condenar”, advirtió.
Indicó que es vital mejorar
la calidad en el cumplimiento de normas éticas, a fin de propiciar buenas
prácticas para alcanzar una justicia más eficiente y transparente, y que los
jueces son garantes de los derechos de las partes, a quienes deben dispensar un
trato igualitario que evite cualquier desequilibrio motivado por la diferencia
de condiciones materiales para no caer en estado de indefensión.
Dijo que se incurre en abuso
de jurisdicción, cuando se incumple el deber de motivar la sentencia en el
tiempo pautado sin justificación, se aplaza la lectura de las resoluciones
íntegras; fuera del plazo de ley, se asiste a la audiencia fuera del horario de
la convocatoria y no proveer las notificaciones de los actos en el tiempo legal
establecido.
Al término de esta sesión
celebrada en la Escuela Judicial de España, los 6 y 7 del mes de abril que
discurre, la Comisión Iberoamericana de Ética Judicial aprobó dos nuevos
dictámenes sobre laboriosidad y el abuso de jurisdicción por los jueces.
Igual fue desarrollada una
amplia agenda de interés sobre el tema de la ética en el espacio
iberoamericano.
En el marco de la actividad se
hicieron importantes intercambios con la Comisión Judicial española, aspirantes
a jueces y fiscales, donde se expusieron diversas aristas, reflexiones sobre el
impacto de la ética en todo el desempeño y accionar de la actividad judicial.
Evento que tuvo el apoyo
decidido del Consejo General del Poder Judicial de España y la Escuela de la
judicatura de dicho país.
Cabe destacar que el referido
dictamen es el XVII, el cual concierne al abuso de la jurisdicción por el juez
en clave ética, fue elaborado por el magistrado Justiniano Montero.
Resalta el ejercicio abusivo
de la jurisdicción constituye una mala práctica no solo deleznable y
reprochable jurídico, que representa la expresión de un comportamiento ético
inidóneo.
El segundo dictamen, XVIII,
aborda la laboriosidad, el rendimiento de los jueces y la prevención de los
riesgos laborales en una perspectiva ética.
La Comisión Iberoamericana de
Ética Judicial es un organismo que promueve la cooperación judicial en
Iberoamérica; integrado por 9 miembros; un secretario ejecutivo, elegidos por
la Cumbre Judicial reunida en Asamblea Plenaria.
Sus cargos son honoríficos y
se desempeñan por un período de 2 años con posibilidad de
reelección.
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