El 24 de mayo es el juicio de fondo contra el diputado del PRM por Santiago que se apropió de terrenos ajenos en Puerto Plata.
La Suprema Corte de
Justicia (SCJ) fijó para el martes 24 de mayo el inicio del juicio de
fondo en contra del diputado de Santiago por el Partido Revolucionario Moderno
(PRM), Gregorio Domínguez (Fausto), acusado de
invasión de terrenos y destrucción de una propiedad privada.
El abogado Amadeo Peralta, de
la defensa de la afectada Lucila Nelly Capellán Luna, acaba de ofrecer la
información.
La jueza de la instrucción
especial Vanesa Acosta halló méritos suficientes para que la acusación
presentada por el Ministerio Público en contra del congresista tenga
que discutirse a fondo en un juicio, en el cual se determine si realmente es
culpable de los cargos que se les imputan o su inocencia.
En octubre del año pasado
2021, Gregorio Domínguez había solicitado a la Suprema que ordenara
el archivo de la acusación del Ministerio Público y la querella que
había interpuesto la señora Lucila Nelly Capellán Luna, por violación
de propiedad. Sin embargo, ese pedido no prosperó.
La querella de Lucila Nelly Capellán Luna fue interpuesta el 11 de
noviembre de 2020, en la que acusa al congresista de una presunta violación de
los artículos 24 y 25 de la Ley 396-19, que regula el otorgamiento de la Fuerza
Pública, y el número 1 de la Ley 5869, sobre Violación de Propiedad Privada.
Capellán Luna alega que el 27
de marzo de 2020, Domínguez dirigió la ejecución ilegal de un desalojo, la
destrucción y demolición de una vivienda en construcción a nivel de plato,
ubicada en la comunidad Punta Rucia, de Estero Hondo, en la provincia Puerto
Plata, dice un comunicado de prensa de la Procuraduría.
Abuso de autoridad
Conforme a la instancia
presentada por el Ministerio Público, la querellante alega que el
legislador hizo el desalojo sin la debida orden de una fuerza pública y
acompañado de una turba de hombres armados, incluyendo militares, y de otros
que simularon ser fiscales y un juez de paz.
La querellante también acusa
a la esposa del diputado, Judith Idalia Núñez Guzmán; a su empleado Catalino
Martínez; a Julio César Acosta, propietario de una pala mecánica, así como al
conductor de dicho aparato, Emmanuel Williams Molina.
La versión del diputado
Durante una audiencia
realizada la semana pasada, el congresista presentó pruebas y testimonios para
demostrar que no incurrió en violación a la propiedad privada, como ha señalado
el Ministerio Público, y que, por el contrario, es el legítimo dueño de
los terrenos por los cuales ha sido enjuiciado.
En la audiencia, los abogados
del congresista solicitaron a la jueza de la Instrucción Especial de la Suprema
Corte de Justicia, Vanessa Acosta, dictar un auto de no ha lugar, es decir,
poner fin a la acusación por no existir pruebas que sustenten la acusación del Ministerio
Público y la acusación particular que presentó la parte privada que se
dice agraviada.
Durante la exposición en
la Suprema Corte de Justicia, el congresista presentó una serie de
documentos que incluyen certificado de título catastral de la Registradora de
Título de Puerto Plata, con el que pretende demostrar que los terrenos son de
su propiedad; certificados del Instituto Agrario Dominicano (IAD), en los que
supuestamente se establece que esa institución no ha autorizado asentamiento en
los terrenos en litis, además de que el IAD no tiene derecho sobre la
propiedad.
Además, la defensa del
congresista aseguró que no es cierto que el congresista Domínguez haya estado
presente durante los presuntos desalojos que se realizaron en los terrenos y como
testigo de ello dijo que están su chofer, su secretaria, el encargado de
seguridad y un camarógrafo.
Supuestamente, éstos
estuvieron juntos con el congresista realizando un recorrido proselitista en
Santiago el 27 de mayo de 2020, que es la fecha en la que se produjo el
desalojo.
Con esto pretende demostrar
que no es cierto que él y sus testigos estuvieron en el desalojo a la
propiedad.
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