Por Edward Fernández
Juristas y exfiscales
opinaron sobre los casos.
El desarrollo inmobiliario y
expansión de la economía que presenta Santiago en las últimas décadas
ha sido aprovechada por personas con vínculos con el crimen organizado, para
blanquear capital a través de organizaciones que utilizan la ciudad como centro
de mando y control para desarrollar actividades ilícitas.
Así lo consideraron por
separado juristas y exfiscales de ese distrito judicial en conversaciones con
Diario Libre.
Raúl Martínez, un
exfuncionario judicial, lamentó que Santiago sea utilizado como
destino para el desarrollo de lavado de activos.
Dice que es un aliento para
la población cada vez que el Ministerio Público desmantela una
estructura que se dedique a esa práctica ilícita.
“En el caso de que existan
evidencias nosotros valoramos como positivo que el Ministerio Público desarrolle
cualquier investigación con relación a este tipo de hechos”, señaló
Martínez.
El jurista e
historiador Edwin Espinal expuso que permitir que Santiago se
convierta en forma definitiva en un territorio de narcos y lavadores de
activos sería un golpe demoledor para la visión que se tiene de ella como
una “ciudad ordenada” al año 2030.
¨La seguridad de la
ciudadanía se vería comprometida y no hay que dudar que estos ejercerían el
control de determinadas zonas urbanas y actividades productivas, lo que pondría
en peligro su condición de destino habitable, inversiones existentes, en
proceso y proyectadas¨, argumentó Espinal.
A su juicio, la tarea para
erradicar esta pretensión no incumbe solo a los organismos de defensa,
inteligencia y seguridad, sino a todos los sujetos obligados previstos en la
Ley 155-17 sobre lavado de activos que accionan en el municipio, así como a los
entes públicos reunidos en el Comité Nacional de Lavado de Activos, que no
pueden descuidar las atribuciones que dicha ley les impone.
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