En cumplimiento al artículo 14 de la Ley 340-06, que prohíbe a los funcionarios públicos ofertar o contratar con el Estado dominicano, la Dirección General de Compras y Contrataciones Públicas (DGCP) suspendió de oficio el Registro de Proveedor del Estado (RPE) de 113 alcaldes y regidores y dos jueces.
Fueron suspendidos otros cuatro registros, a solicitud de igual número de funcionarios, tal y como requirió el órgano rector el pasado 1 de septiembre que, a través de un comunicado público.
Advirtió a los funcionarios de primer y
segundo nivel de jerarquía de las instituciones sujetas al ámbito de aplicación
de la Ley de Compras y Contrataciones Públicas y sus modificaciones, entre los
que figuran ministros, viceministros, directores y subdirectores, alcaldes y
regidores, que no pueden ser oferentes ni contratar con el Estado para suplir
bienes, obras y servicios a las instituciones gubernamentales.
El
director general de la DGCP, Carlos Pimentel, explicó que la institución
continúa trabajando para identificar a todos los funcionarios que entran al régimen
de prohibiciones para la contratación en la Administración Pública, bajo el
amparo de la Ley 340-06 para proceder a suspender sus registros de proveedores.
“Como
órgano rector y en aras de contribuir a la transparencia e igualdad de
oportunidades y evitar conflictos de interés, continuaremos identificando a
todos los funcionarios que entran en el régimen de incompatibilidades para
proceder a suspender sus registros”, destacó Pimentel.
En
correspondencia con este mandato de la Ley, tanto Pimentel como las
subdirectoras Crystal Fiallo y Ruth Henríquez, solicitaron la inhabilitación de
su RPE, acción que ya fue ejecutada por la institución.
“Seguiremos activos, seguiremos vigilantes, para garantizar transparencia, control y lograr que las contrataciones públicas se conviertan en un medio para el desarrollo en la República Dominicana”, subrayó Pimentel.-
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