a directora provincial de Medio Ambiente en Valverde espera que se aplique con rigor el decreto 615-26.

Aseguró que ha pedido información a otras instituciones sobre nombres de propietarios de fincas que están realizando esta práctica y han sido negadas.

Por Leaqina Rodriguez

Santa Cruz de Mao R.D.-La directora provincial del Ministerio de Medio Ambiente en la provincia presidente Jose Desiderio Valverde, licenciada Deysi Aquino, advirtió que la quema ilegal de rastrojos de arroz en las fincas agrícolas es una infracción que compete a varias instituciones del Estado.

Aclara que el "culpable" de este acto dañino en lo referente a lo legal no es el gobierno, sino el productor, el dueño de la finca que enciende el fuego, que y contamina grandes extensiones de su entorno.

No obstante, la funcionaria sostiene que los organismos gubernamentales obligados por ley a intervenir, fiscalizar y solucionar este mal son los organismos de sanción y control directo, aunque afrma que el Ministerio de Medio Ambiente es, en definitiva, la institución principal responsable de controlar y erradicar esta práctica.

Entiende que la quema de residuos agrícolas viola directamente la ley general de Medio Ambiente número 64-00 debido a la alta contaminación atmosférica y el humo que genera.

También, debe intervenir en lo legal la Procuraduría Especializada para la Defensa del Medio Ambiente y los Recursos Naturales (Proedemaren) que es el brazo judicial encargado de arrestar, someter a la justicia y multar a los parceleros y propietarios de fincas que sean sorprendidos quemando rastrojos.

Se estipula, de acuerdo a la ley 64-00 que las multas a los infractores deben oscilar por esta práctica entre los 50 mil y 150 mil pesos dominicanos.

Otro organismo auxiliar del Ministerio de Medio Ambiente capaz y facultado de interceder es el Servicio Nacional de Protección Ambiental (SENPA) en su calidad de cuerpo militar y policial adscrito a Medio Ambiente que es el autorizado a realizar operativos en el terreno, apagar incendios, detener a infractores que cometen el delito.

Del mismo modo están los organismos de Apoyo y Prevención adscritos al Ministerio de Agricultura Medio, aunque aclara que el control legal es responsabilidad exclusiva del Ministerio de Medio Ambiente.

Precisa que la función esencial del Ministerio de Agricultura es cooperar orientando a productores y buscar alternativas técnicas para que en el porvenir esa práctica sea erradicada.

Expone que Medio Ambiente actualmente, promueven alternativas como el empacado de la paja de arroz en pacas de heno para utilizarse en alimento destinado al ganado, evitando la necesidad de prenderles fuego a esos sobrantes de la cosecha del cereal.

Afirma que el Ministerio de Salud Pública tiene la misión de intervenir de forma indirecta debido al grave impacto que la humareda tiene sobre la salud pública local, provocando crisis en personas con asma, enfermedades respiratorias crónicas y si los sobrantes de las cosechas de arroz están cerca de las carreteras pueden provocar accidentes de vehículos.

La funcionaria confirmó que Medio Ambiente en Valverde ha multado a los arroceros, notificado a otro sobre la prohibición de quemar el sobrante del arroz porque han violado la ley no 64-00.

Cree que esta mala práctica es realizada por falta de conciencia individual sin prever el gran daño que esto ocasiona en la salud de la población y porque el quemar el sobrante en la cosecha de arroz data desde hace décadas y hay que resolver esa problemática.

Deysi Aquino recordó el decreto 615-26, promulgado recientemente por el presidente Luis Abinader que mediante esta orden ejecutiva, el gobierno ha declarado de alto interés nacional, tambien prioridad estratégica la prevención, persecución y combate del "terrorismo medioambiental".

La medida fue dispuesta para enfrentar de manera drástica problemáticas graves como la depredación de bosques, la quema, incendios provocados, agresión generalizada a las áreas protegidas y los recursos naturales del país.

Abinmader advirtió enfáticamente que se aplicará la ley con total rigurosidad y sin importar intereses políticos, partidarios, económicos de involucrados, remitiendo de forma inmediata cualquier infracción al Ministerio Público bajo el amparo de las severas sanciones estipuladas en el marco legal.