Legislador en Estados Unidos de origen dominicano se declara no culpable de fraude y un juez le retiene documentos personales.

El representante estatal por el Distrito 16 de Essex, Estados Unidos, el dominicano Francisco E. Paulino, parece que se contagió con los dólares al tener un cargo y se declaró no culpable ante un tribunal federal de Massachusetts, al ser arrestado y acusado de fraude electrónico, lavado de dinero y otros delitos.

Paulino representa a las ciudades de Lawrence y Methuen, es señalado de utilizar 700 mil dólares de fondos destinados a programas de ayuda por el COVID-19, que según la acusación habrían sido destinados a cubrir gastos personales y financiar operaciones relacionadas con bienes raíces.

Al legislador le fue confiscado el pasaporte antes de ser liberado bajo fianza y con otras condiciones impuestas por el tribunal.

El juez ordenó a Paulino notificar a los clientes de su empresa Madison Tax, LLC, que las operaciones de la firma serán suspendidas hasta, al menos, la próxima audiencia, prevista para octubre.

El juez le prohibió acceder a registros de cuentas bancarias.

El supuesto esquema se desarrolló entre abril de 2020 y diciembre de 2021, período en que Paulino era propietario y operaba Madison Tax, LLC, una empresa de preparación de impuestos, planificación empresarial en Lawrence, Madison Mortgage, Inc., una firma de corretaje hipotecario también ubicada en esa ciudad.

Entre ocho cargos presentados contra Paulino figuran fraude electrónico, tres cargos relacionados con transacciones monetarias ilícitas y lavado de dinero.

Según ABC Boston, los fiscales alegan que Paulino utilizó Madison Tax como parte de un esquema que se extendió desde abril de 2020 hasta, al menos, diciembre de 2021.

El supuesto plan habría incluido una solicitud fraudulenta de beneficios por desempleo por 44,160 dólares presentada a nombre de un familiar, así como solicitudes y modificaciones de préstamos por daños económicos causados por desastres relacionados con sus negocios y uno de sus clientes.

Los fiscales alegan que el propietario de una lavandería en Lawrence, con dominio limitado del inglés, confió a Paulino sus asuntos fiscales, información personal y acceso a sus cuentas bancarias en línea.

De acuerdo con la acusación, Paulino obtuvo una modificación del préstamo EIDL sin conocimiento del cliente y posteriormente le solicitó un préstamo de 200,000 dólares.

El dinero fue transferido a Madison Tax y, presuntamente, utilizado para financiar una hipoteca destinada a la compra de una propiedad en Lawrence.

La acusación formal sostiene además que Paulino declaró ingresos inflados para obtener un préstamo EIDL para Jackson Enterprise, empresa que operaba un establecimiento de Heav’nly Donuts en Lawrence.

Habría transferido 18 mil dólares de esos fondos a Madison Tax, dinero que, según los fiscales, fue utilizado para la compra de una propiedad en Lawrence.

Los fiscales alegan que parte de los fondos del préstamo EIDL de Madison Tax fue transferida a Madison Mortgage y utilizada en operaciones hipotecarias relacionadas con la compra de propiedades en Methuen.

«Nunca es motivo de orgullo arrestar a un funcionario público, pero seguiremos haciéndolo hasta que el mensaje quede claro.

Nadie está por encima de la ley y nadie queda impune», declaró la fiscal general de Estados Unidos, Leah Foley.

En un comunicado, el presidente de la Cámara de Representantes de Massachusetts, Ronald J. Mariano, afirmó que «los cargos presentados contra el representante Paulino son sumamente preocupantes, si bien todo estadounidense tiene derecho al debido proceso, la gravedad de los cargos socava la confianza pública en los funcionarios electos.

Dado el momento en que se hizo este anuncio durante la sesión legislativa, la Cámara seguirá de cerca los procedimientos legales y, una vez concluidos, tomará las medidas pertinentes, si fuera necesario, para garantizar la rendición de cuentas».

El arresto de Paulino se produce casi dos semanas después del apresamiento del alcalde de Lawrence, Brian DePeña, quien también enfrenta acusaciones relacionadas con el presunto uso indebido de fondos de ayuda por el COVID-19.