El Mirador
Por Luis Céspedes Peña
Los procesos electorales de
República Dominicana y Estados Unidos, serán de gran interés para los
candidatos de ambas naciones, en virtud de las incidencias de sectores
políticos en cada una de esas naciones.
El ex Presidente Donald Trump
se perfila como el candidato presidencial del Partido Republicano (PR) para las
venideras elecciones y el actual gobernante, Joe Biden, del Partido Demócrata
(PD), ya es promovido por seguidores suyos que piensan en su reelección.
Trump, siendo Presidente de
Estados Unidos, sacó del poder al PLD. Y se fue más lejos. Envió a su
secretario de Estado, Mike Pompeo, que en nuestro país se conoce como
canciller, para advertir al Presidente dominicano, Danilo Medina, que no podía
aspirar a su reelección. ¡Y así ocurrió!
Pero eso no fue lo peor.
Trump silenció cuando el presidente de la Junta Central Electoral (JCE), Julio
César Castaños Guzmán, suspendió las elecciones nacionales el mismo día que se
desarrollaban en nuestro país, respondiendo a intereses políticos de la
oposición.
¡Y así Castaños Guzmán pasó a
la historia, dejando a un lado el prestigio que se había ganado!
Esas acciones fueron logradas
por el PRM en el poder republicano de Estados Unidos. ¡Y así se comprometió con
Trump, que luego perdió las elecciones!
Y Medina, que facilitó una
gran logística a favor del entonces candidato demócrata, Joe Biden, también se
comprometió con éste, aunque antes había una relación política entre ambos.
La diferencia entre ambas
personalidades norteamericanas, es que Biden ganó la Presidencia de Estados
Unidos. ¡Es así como tenemos a los perremeístas favoreciendo a Trump y los
peledeístas al actual jefe de Estado de la gran nación!
Si las estrategias políticas
norteamericanas siguen iguales, no hay duda de que el poderoso Trump estará sustentando
al PRM y el gobierno de Biden al PLD.
El problema para el PRM es
que las elecciones presidenciales y municipales dominicanas son antes que las
de Estados Unidos.
A parte de la gran inflación
que afecta al país, a causa de los altos precios de todos los productos y
servicios, su adversidad al actual Presidente Biden, la falta de seguridad
ciudadana, como de la propiedad privada, parecen tenerle el camino cerrado al
PRM.
Pero el alto costo de la vida
también mantiene en campaña en perjuicio del gobierno, a una gran mayoría de
sus votantes en los comicios pasados, los cuales están deseosos de que lleguen
las elecciones del 2024, para votar en contra del PRM.
No hay que ser ningún
analista para saber del poder político que tiene el PLD, el cual-con un candidato
que por los problemas que provocó la división de la entidad con salida del ex
Presidente Fernández- sólo tuvo cuatro meses para que su candidato
presidencial, Gonzalo Castillo, hiciera campaña electoral.
Pero aún así, obtuvo el 38
por ciento de los votos. Y como se sabe, Medina, temeroso, quizás por las
amenazas de Trump, no hizo campaña electoral, como también ocurrió con la
mayoría del Comité Político, cuyos miembros se mantuvieron ajenos al proceso.
Al gobierno del Presidente
Luis Abinader se le cuestiona que envía a la cárcel a ex funcionarios de los
gobiernos de Medina y Leonel Fernández, acusados de corrupción usando a
fiscales, lo que no ocurre con los dirigentes perremeístas destituidos por el
gobernante, por hacer supuesto mal uso de recursos del Estado.
Casi siempre, el Ministerio
Público pide 18 meses de prisión como medida de coerción contra los ex
funcionarios pertenecientes al PLD, pero los del actual régimen, que son muchos
los destituidos por el gobernante, por causas similares, son mandados para sus
hogares.
Es como decir los malos van
para los infiernos y los buenos colocados en los altares. ¡Así no!
Creemos que al Estado se va a
trabajar para servirles a los demás, no a robarle sus bienes, pero rechazamos
que el gobierno use el poder para castigar a opositores y “honrar” a los
oficialistas.
Si la idea es determinar si
alguna persona que trabajó o trabaja en el Estado robó, se le debe juzgar de
inmediato, porque así el pueblo sabe si es culpable o no.
Una persona que permanezca
casi dos años en prisión y luego es dejada en libertad por falta de prueba,
crea un gran malestar en la sociedad.
Debe terminarse con esa
práctica, porque no hay dudas de que detrás de ciertas acusaciones de fraudes,
hay persecución política. Casi dos años de prisión como medida de coerción, es
una condena indirecta. Si se tiene la seguridad de que los acusados robaron en
el Estado, ¿por qué no juzgarlos de inmediato? El problema está en que el
gobierno sabe que muchos de los acusados saldrán en libertad por falta de
pruebas.
Las autoridades políticas o
judiciales que están actuando de esa manera, olvidan que los gobiernos no son
eternos. ¿Pregúnteselo al prisionero ex procurador general de la República,
Jean Alain Rodríguez, con su enfrentamiento con la hoy procuradora general de
la nación, Miriam Germán? ¡Hoy le toca a Tingolo y mañana a Pirolo!
Nadie duda de que hay algunos
magistrados que obedecen más a las instrucciones políticas oficialistas, que al
buen conocimiento de los casos judiciales. Vivimos en un país que la mayoría
apoya el castigo judicial a quienes hacen fraudes en el Estado, pero rechaza el
uso del poder para destruir figuras políticas de la oposición, con la falsa
idea de que eso fortalecerá al partido de gobierno. ¡Es todo lo contrario,
porque se desacredita!
Esa práctica, cuando fue
iniciada por el gobierno del PRM, despertó cierto interés en la población, pero
cuando ésta se dio cuenta que la estrategia tenía como resultado ir creando
escándalos para ocultar los altos precios de los productos de consumo diario,
dejó de creer. Ahora lo que el pueblo está haciendo es exigirle al gobierno
rebajas en los precios de los productos o servicios, y políticas claras para
las inversiones públicas.
¡Gracias por leernos!
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