El procurador adjunto Wilson Camacho pondera la ratificación de medidas de coerción contra imputados del caso Medusa.
El pasado procurador general
Jean Alain Rodríguez, preso por alegada corrupción cada día se hunde más de
casos de corrupción.
Según consta en el
expediente, los imputados integraron una red criminal de corrupción que operó
desde la Procuraduría General de la República y que, según estimaciones
preliminares, estafó al Estado dominicano con más de 6 mil millones de pesos.
El titular de la Procuraduría
Especializada de Persecución de la Corrupción Administrativa, Wilson Camacho se
refirió al tema al ser abordado por los periodistas tras el Cuarto Juzgado de
la Instrucción del Distrito Nacional ratificara de nuevo las medidas de
coerción a varios de los imputados por corrupción del Caso Medusa.
El órgano acusador les imputa
la violación a los artículos 123, 124, 166, 167, 265, 266 y 405 del Código
Penal, que describen y sancionan la coalición de funcionarios, prevaricación,
asociación de malhechores y estafa contra el Estado.
Enfrentan cargos de
infracción al artículo 3, párrafo, de la Ley 712, que tipifica el desfalco y
que modifica los artículos 171 y 172 del Código Penal, así como a los artículos
5, 6 y 10 de la Ley 53-07, sobre Crímenes y Delitos de Alta Tecnología, por
haber incurrido en actos de acceso ilícito, daño o alteración de datos y
sabotaje.
El Ministerio Público acusa
al grupo de violación a los artículos 1 y 2 de la Ley 488-06, sobre Soborno.
El exprocurador Rodríguez
Sánchez, colaboradores y relacionados están imputados de infringir artículos de
la nueva Ley 155-17, contra el Lavado de Activos y el Financiamiento del
Terrorismo.
Hoy el Ministerio Público
concentra sus esfuerzos en perseguir estructuras organizadas para depredar el
erario, las cuales son desmanteladas a través de operaciones dirigidas por
fiscales, aseguró ayer martes el Procurador Adjunto Wilson Camacho.
Ahí se involucra a Jean Alain
Rodríguez Sánchez y a varios funcionarios de la gestión que encabezó entre 2016
y 2020 de formar estructuras mafiosas, las que actuales autoridades han ido desmontando.
Cita caso para el tema de las
Edes; tema de la Policía; Oisoe; Salud Pública, entre otros.
“La forma correcta de
perseguir el crimen organizado; perseguir la corrupción; desmontar estructuras
de corrupción; en que las autoridades están concentradas día y noche en
trabajar en esa dirección para seguir desmontando estructuras de corrupción”,
dice Camacho.
Se refirió “si hay una
cuestión que está clara en los procesos que llevan los tribunales que son
procesos blindados, demostrado en los tribunales”.
Camacho destacó se h presentado
una acusación en el caso Pulpo, y es la única que ha existido en este país con
más de 3 mil 400 páginas; 2 mil evidencias con más de 100 mil archivos, lo que garantiza
tener ganancia de causa.
De la supuesta campaña de
información impulsada por un imputado de corrupción en las redes sociales,
respondió que no tienen tiempo para darle seguimiento a ese tipo de
publicaciones.
“Miren, tenemos poco tiempo
para darle seguimiento a esas cuestiones que se pueden publicar, en redes no
hemos visto ningún tema con relación a la interpelación; nos concentramos en
trabajar, en procesar estructuras de corrupción que depredan el erario”.
Camacho enfatizó en que “no
tenemos espacio y no nos vamos a desconcentrar en ese objetivo; el principal
objetivo es procesar personas, acabar las estructuras de corrupción y recuperar
el dinero que se ha sustraído de los fondos públicos”.
Destacó que los procesos son
pruebas. “En los procesos, y eso es algo en lo que nosotros somos muy
reiterativos, los procesos no son argumentos; los procesos son pruebas a los
tribunales, a los jueces se convencen con pruebas”.
El titular de la Pepca
destacó que “por eso, por ejemplo en esta revisión de medida de coerción de la
Operación Medusa, la jueza acaba de ratificar las medidas de coerción y ha
dicho que lo que se le ha presentado (la defensa) han sido presupuestos
insuficientes como para que ella tomara una decisión en sentido contrario”.
Insistió en que están
concentrados en recabar pruebas y en que cada una de las investigaciones que
realizan, primero, pueda agotar cada una de las líneas de investigación;
segundo, que se aborde a cada una de las personas que se involucran en cada una
de esas líneas de investigación, sin importar cómo se llame, y tercero,
conseguir las pruebas suficientes para llevar esas personas ante los tribunales
con procesos blindados.
“De ese objetivo, a nosotros
nada, absolutamente, nada, nos va a desconcentrar”, concluyó el procurador
adjunto Camacho.
La medida otra vez les fue
confirmada a Jonathan Joel Rodríguez Imbert, quien desde julio del pasado año
cumple 18 meses de prisión preventiva en el Centro de Corrección y
Rehabilitación Najayo Hombres.
En tanto que la prisión
domiciliaria a Alfredo Alexander Solano Augusto, Altagracia Guillén Calzado,
Rafael Antonio Mercede Marte y Jenny Marte Peña.
La jueza Altagracia Ramírez
de la Cruz adoptó la decisión tras acoger el pedimento del Ministerio Público
para que se mantengan las medidas de coerción en contra de los encartados.
En el caso del exprocurador
Rodríguez Sánchez y el exdirector de Tecnología de la Información y la
Comunicación, Javier Alejandro Forteza Ibarra, a quienes les fueron ratificados
en diciembre los 18 meses de prisión preventiva que cumplen en Najayo Hombres,
la revisión obligatoria está programada para el próximo 19 de marzo.
El proceso judicial involucra
al exasesor de Comunicación Miguel José Moya, a quien le fue impuesta una
garantía económica de Un millón en modalidad de contrato, a través de una
compañía aseguradora, impedimento de salida del país y presentación periódica.
De igual manera a Rafael
Stefano Canó Sacco, el exjefe de Gabinete del exprocurador Rodríguez Sánchez,
quien fue arrestado el pasado año en España y solicitada su entrega a la
República Dominicana.
Tras dos aplazamientos a
solicitud de la defensa de los encartados, el Cuarto Juzgado de la Instrucción
del Distrito Nacional, aplazó hasta este martes 22 de febrero la revisión
obligatoria de la medida de coerción que pesa contra varios de los imputados.
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