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San Francisco de Macorís, R.D.-
Miembros del Frente Amplio de Lucha Popular (FALPO) y otras
organizaciones escenificaron una simulada crucifixión demandando la
construcción de diversas obras sociales.
La actividad
religiosa tuvo otros elementos como es demandar justicia respecto al asesinato del
dirigente emepedeísta Vladimir Lantigua Baldera.
Se añade a que
demandan la cancelación del Fiscal titular de aquí, Regis Victorio Reyes.
Fue
en frente al Palacio de Justicia y encabezada por Raúl Monegro, vocero nacional
del Falpo.
Otros que
participaron fueron Odilín Morel, dirigenta de la Unión de Juntas de Vecinos,
Yoel Martínez, presidente de la Federación de Estudiantes Dominicanos (FED),
JoséAriel paulino del grupo estudiantil Felabel y Danel Jerez, vocero del
Movimiento Popular Dominicano (MPD).
Asistieron
decenas de estudiantes, activistas populares y transeúntes que se sumaron,
atraídos por la actividad, que simbolizó al pueblo, hambriento y sediento de
justicia, crucificado.
“Hace
más de dos mil años Jesucristo pasó un calvario de injusticias, de vejámenes y
de sufrimientos de los males de aquel tiempo, siendo sometido al suplicio y la
crucifixión por Pilato.
Dijeron que hoy
estamos frente a muchos Pilato, que se hacen cómplice de crímenes, de la
dejadez del gobierno frente al pueblo y de la falta de oportunidades para el
pueblo y se lavan las manos.
Y establecen
que en la Fiscalía de aquí está una especie de Pilato, porque el Fiscal Regis
Victorio Reyes, que a pesar de haber transcurrido siete meses del asesinato del
dirigente Vladimir Lantigua Baldera, no ha sometido a los policías asesinos.
El dirigente
popular resaltó que, durante la gestión del Fiscal Victorio Reyes, son más de
35 casos de asesinatos ocurridos en San Francisco de Macorís, incluyendo el de
Vladimir Lantigua, permanecen impunes, lo que demuestra que “está en cualquier
otra cosa, menos al servicio de la comunidad ni en acción contra la
delincuencia”.
En
reacción a la protesta montada frente al Palacio de Justicia, el procurador
fiscal de San Francisco de Macorís, Regis Victorio Reyes, explicó que la
concentración realizada en su contra se debe a una investigación hecha a uno de
los miembros del Falpo, a quien vincula con la muerte de Lantigua Baldera, sin
que revelara el nombre del supuesto implicado.
“Son
ellos que tienen que aclarar, ellos saben lo que se mueve, esas protesta es
porque investigamos a uno de sus miembros vinculados al caso, se llegó el
tiempo de que hay que terminar con el engaño que le tienen a este pueblo,
diremos las cosas como son”.
Tras
las declaraciones del Fiscal, familiares de Vladimir Lantigua realizaron una
rueda de prensa, en la que cuestionaron a Regis Victorio y su manejo ante el
asesinato, tras considerar que el funcionario se ha enfrascado en “dar
declaraciones para salir del apuro” de las preguntas de la prensa y no en
procurar que se logre justicia en el caso.
“La
gente no se imagina la angustia que embarga nuestra familia al ver semejantes
declaraciones alegres y saber que la persona que segó la vida Vladymir se pasea
impunemente por las calles, sin pagar por el crimen cometido”, expresó la
profesora Andrea Escolástico Fabián, esposa de Vladimir Lantigua, acompañada de
dos hermanos y el padre del extinto dirigente popular.
Y
Agregó: “Nuestro mayor interés es que se haga justicia y que el culpable pague
con todo el peso de la ley por sus hechos; no queremos culpables fabricados
para llenar estadísticas, queremos que pague el verdadero culpable, porque de
lo contrario, sería denegar justicia”.
“El
fabricar un culpable constituye un crimen”, consideró la viuda del extinto
dirigente popular, “por ello exigimos al fiscal Regis Victorio Reyes,
resultados que establezcan la verdad de los hechos.
Si existe un informe y si
ya existe presuntos responsables, porqué no ha traducido a la acción de la
justicia a los responsables del crimen?”
Vladimir
Lantigua Baldera fue asesinado el 1ro. de agosto del año 2017, a pocas horas
del inicio de un paro de actividades que por 48 horas habían convocado el Falpo
y otras organizaciones comunitarias.
Pese a haber transcurrido ocho meses, se
desconoce el informe de las investigaciones realizadas por el Fiscal Regis
Victorio Reyes.
Las organizaciones comunitarias han catalogado el hecho como
“crimen de Estado”.
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