La Fiscalía del Distrito Nacional
presentó acusación contra una exdirectora del liceo Estados Unidos y esposa de
un pastor, a la que se le atribuye estafar más de 100 personas con más de 30
millones de pesos solicitando adelanto de dinero para supuestamente venderles
vehículos e inmuebles.
Adalgisa Reyes Mora, llamada por sus víctimas como “la Zar de la
estafa”, está imputada de extorsión y estafa contra un centenar de personas, a
través de distintos métodos fraudulentos, cuando era directora del referido
liceo.
La mujer, que se hacía pasar como pastora, decía que tenía mucha
influencia en el Gobierno y ofertaba “facilidades” para la adquisición de
viviendas y carros a través de un programa del Ministerio de Educación.
También ofertaba “facilidades” para la adquisición de viviendas
de las que construye el Gobierno y entidades internacionales, solicitando el
inicial.
“Ella le decía a la gente que le iba a conseguir una facilidad
en educación para financiarle vehículos y le pedía que le entregaran el inicial
y así engañó muchas personas de la iglesia”, dijo el abogado José Amadeo
Peralta, representante de un grupo de nueve personas afectadas.
La imputada utilizaba una página de ventas de artículos por
Internet, para alquilar vehículos por un día y posteriormente los arrendaba a
terceros por 30 días, siendo estos reclamados por los legítimos propietarios.
La detenida también se dedicaba al alquiler de habitaciones en
distintos aparta-hoteles donde recibía montos equivalentes a varios meses de
renta, pero pagando el hospedaje de uno a dos días, por lo que los huéspedes
eran sacados debido a que solo estaban pagos por ese corto período de tiempo.
Amadeo Peralta explicó que la mujer también engañó un grupo de
venezolanos que contactó por la internet para alojarlos en aparta-hoteles y que
les pagó a los dueños del negocio con un cheque sin fondo.
El 14 de agosto de 2017, el juez de la Oficina de Atención
Permanente del Distrito Nacional, José Alejandro Vargas, dictó tres meses de
prisión preventiva a Reyes Mota, acusada de estafar a unas 100 personas
haciéndose pasar como empleada del Ministerio de Educación y de otras
entidades.
La imputada cumple prisión preventiva en el Centro Correccional
y de Rehabilitación de Najayo-Mujeres, en San Cristóbal. Enfrenta un juicio
preliminar donde se determinará si la envían a juicio de fondo, o no.
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