FP denuncia irregularidades millonarias en extracción de sedimentos de la Presa de Hatillo, en Cotuí.
La Secretaría de Medio Ambiente del partido Fuerza del Pueblo -FP- que preside Paino Abreu denunció graves inconsistencias técnicas, jurídicas y económicas en el proyecto de extracción de sedimentos de la cola de la presa de Hatillo, en Cotui, ubicada en el río Yuna.
La entidad política del opositor de FP exigió la suspensión de las operaciones hasta que se esclarezcan las diferencias entre volúmenes autorizados, contratos suscritos y el aprovechamiento comercial del material.
Collado, explicó que el permiso VSA09-26-00039, otorgado por el Ministerio de Medio Ambiente a la Empresa de Generación Hidroeléctrica Dominicana (EGEHID), que dirige el ingeniero Rafael Salazar contempla la extracción de 100 mil metros cúbicos de sedimentos en seis meses.
Señaló que tres contratos firmados entre diciembre de 2025 y enero de 2026 establecen volúmenes que totalizan un millón, 330 mil 694 metros cúbicos, que es una cantidad más de 13 veces superior a la autorizada.
La construcción de la presa de Hatillo inició en el gobierno reformista de Joaquin Balaguer en 1977 y terminó en la gestión perredeísta de Salvador Jorge Blanco en 1984, con una inversión de 41 millones de dólares.
Abreu advirtió que las diferencias identificadas adquieren mayor relevancia por el valor comercial de los materiales extraídos.
Según las estimaciones presentadas por la organización política, el aprovechamiento de grava y arena podría generar un valor económico considerable, con resultados cercanos a mil millones de pesos después de descontar costos estimados de extracción, transporte, procesamiento y comercialización.
Ante esta situación, cuestionó que no se haya establecido un mecanismo más claro, competitivo y transparente que permita al Estado recuperar una mayor proporción de esos recursos.
El dirigente de oposición explicó que la Fuerza del Pueblo reconoce la necesidad de recuperar la capacidad de almacenamiento de embalses de la presa de Hatillo mediante la remoción de sedimentos, pero sostuvo que esa intervención debe realizarse con criterios técnicos, ambientales y económicos transparentes.
Asimismo, cuestionó que no se haya identificado un mecanismo explícito para destinar parte de esos beneficios obtenidos a la protección y restauración de las cuencas hidrográficas, cuyo deterioro contribuye a la acumulación de sedimentos.
En ese sentido, solicitó una revisión técnica, jurídica urgente del permiso y de las condiciones de ejecución del proyecto, con la participación del Instituto Nacional de Recursos Hidráulicos (INDRHI).
También exigió que EGEHID detenga cualquier actividad de extracción, acarreo y entrega de materiales hasta que una comisión técnica evalúe el proyecto, que publique sus conclusiones, y que Medio Ambiente explique por qué no fue clasificado como categoría A, conforme a la Resolución 0025-2024.
Informó que FP solicita a la Procuraduría Especializada para la Defensa del Medio Ambiente y los Recursos Naturales investigar posibles infracciones a la Ley 64-00; insta a la Dirección General de Contrataciones Públicas revisar el procedimiento EGEHID-CCC-LPN-2025-0015; a la Cámara de Cuentas auditar la ejecución de contratos y aportes económicos generados.
De igual manera, la Fuerza del Pueblo reclamó una veeduría ciudadana independiente, con participación de las comunidades del Yuna, representantes de la Iglesia y del sector académico.
Además, respaldó la solicitud de información pública formulada por autoridades eclesiásticas de las provincias Monseñor Alejandro Nouel Bobadilla y La Vega, que requieren acceso a contratos, estudios ambientales, documentos técnicos y evidencias de consultas comunitarias relacionadas con el proyecto.
Al concluir su declaración, Paino Abreu reiteró que la organización no se opone a la limpieza de la presa de Hatillo, sino a que esta necesidad ambiental se ejecute sin suficiente claridad sobre los volúmenes, controles y beneficios para el Estado.
“El río Yuna no puede seguir siendo una cantera y la cola de Hatillo y no puede convertirse en el cuerpo de un negocio opaco. Que se publiquen las cuentas, y que cuadren”, expresó.
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