El MP acusa a 13 personas y 5 empresas por estafa electrónica y envejecientes con 134.8 millones de pesos dominicanos.

Los principales líderes de la estructura criminal eran Óscar Manuel Castaños García, Joel José Cruz Rodríguez, Edward José Puello García y Gerardo Heriberto Núñez Núñez, extraditados a Estados Unidos, donde enfrentan un proceso judicial en Boston, Massachusetts.

Por Marcelo Peralta

Santiago, R.D.-El Ministerio Público inició acusación formal hoy apertura contra 13 personas y cinco empresas implicadas en la estructura criminal desmantelada mediante la Operación Discovery 3.0, descubierta por el FBI de Estados Unidos de estafas electrónicas, crimen organizado y lavado de activos.

La investigación financiera detectó operaciones de entre 120 millones de dólares, movimientos superiores a 134 millones 800 mil pesos dominicanos.

Esa red criminal perjudicó a 141 víctimas con 5 millones, mediante centros de llamadas clandestinos, ingeniería social, suplantación de identidad, intimidación, extorsión y falsas representaciones de autoridades y familiares.

Los acusados son Kelvin Bladimir Vásquez Santana, Yliana María Cruz García, Bernardo Taveras Vélez, Jesús Manuel Castaños Colón, Adderly Antonio Polanco Báez, Juan Luis Naranjo Gómez y José Ramón López Tavárez, además de otras seis personas.

Y las empresas señaladas son INVERDOSA, JLNG Terracell, Rodríguez Vásquez MK Comercial, INVERMEG y Qemert Pro Technology.

En la investigación cooperó personal del Buró Federal de Investigaciones -FBI-que es la principal agencia federal de policía, investigación criminal y seguridad interior de Estados Unidos y el apoyo de la División Especial de Investigación de Crimen Organizado Internacional (Deicroi) de la Policía y el sistema judicial de República Dominicana.

La acusación fue depositada ante el Juzgado de la Instrucción de Santiago por el director general de Persecución, Wilson Camacho; la titular de la Procuraduría Especializada Antilavado de Activos, Ramona Nova Cabrera; la fiscal titular de Santiago, Quirsa Milagros Abreu Peña y el fiscal Claudio Alberto Cordero Jiménez.

El expediente establece que, después de obtener el dinero mediante las estafas, cuyos recursos eran trasladados a República Dominicana mediante transferencias bancarias, remesadoras, criptomonedas e intermediarios, para ser introducidos al sistema económico mediante empresas, inmuebles y vehículos.


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