América Latina enfrenta un desastre natural cada semana: casi 100 mil muertos y pérdidas superiores a 360 mil millones en las últimas cinco décadas.

Un informe internacional advierte que cuatro de cada diez habitantes de la región se han visto afectados por fenómenos extremos en los últimos 50 años y plantea inversiones multimillonarias para enfrentar consecuencias.

América Latina y el Caribe registraron un promedio de un desastre natural por semana durante los últimos 50 años, según un informe internacional sobre riesgos climáticos. (Imagen Ilustrativa Infobae.

América Latina y el Caribe enfrentan una creciente amenaza por los desastres naturales, con un promedio de un evento por semana, cerca de 100 mil personas fallecidas y pérdidas económicas acumuladas superiores a 360 mil millones durante los últimos 50 años, según un nuevo informe internacional.

El estudio revela que cuatro de cada diez habitantes de la región han resultado afectados por fenómenos como huracanes, tormentas tropicales, inundaciones, sequías, olas de calor e incendios forestales, cuya frecuencia e intensidad están aumentando como consecuencia del cambio climático.

Los efectos trascienden las pérdidas humanas y materiales, eventos extremos destruyen viviendas e infraestructura, interrumpen cadenas de suministro, reducen ingresos de las familias y obligan a gobiernos a destinar recursos extraordinarios para atender emergencias.

El documento, denominado “Hacia una Estrategia Iberoamericana de Respuesta a los Desastres de Origen Natural: Resiliencia, Seguro y Alianzas Público-Privadas”, fue impulsado por la Fundación Iberoamericana Empresarial (FIE), Mapfre y CAF–Banco de Desarrollo de América Latina y el Caribe.

Sus conclusiones fueron presentadas a la Secretaría General Iberoamericana (SEGIB) para que puedan analizarse durante la XXX Cumbre Iberoamericana de Jefes de Estado y de Gobierno,

programada para el 4 y 5 de noviembre de 2026 en Madrid, España.

Una región cada vez más expuesta a fenómenos extremos.

El informe advierte que las consecuencias de los desastres naturales no desaparecen cuando concluye una emergencia, sino que pueden prolongarse durante años y afectar el crecimiento económico, pobreza y estabilidad de las finanzas públicas.

Los especialistas identifican una tendencia creciente en la cantidad de eventos registrados durante las últimas décadas.

Los datos recopilados a partir de la base internacional EM-DAT muestran un incremento de desastres hidrológicos y meteorológicos, particularmente las inundaciones y las tormentas.

Aunque países latinoamericanos han mejorado sistemas de alerta temprana, evacuación y protección civil, expertos consideran que estas acciones resultan insuficientes para garantizar una recuperación económica rápida.

Una de las principales conclusiones del estudio es la necesidad de incrementar significativamente las inversiones destinadas a reducir la vulnerabilidad regional.

El documento estima que América Latina y el Caribe requieren invertir 31 mil millones de dólares por año en infraestructuras resistentes a inundaciones y huracanes.

Plantea movilizar otros 15 mil millones hasta 2030 para fortalecer las políticas de adaptación y gestión del riesgo de desastres.

Estas inversiones permitirían mejorar la capacidad de respuesta, proteger servicios esenciales y reducir las consecuencias económicas de futuros fenómenos extremos.

El 81% de las pérdidas potenciales carece de protección aseguradora.

Otro hallazgo relevante es la brecha de protección aseguradora del 81% que presenta la región, lo que evidencia la limitada cobertura financiera frente a catástrofes.

Esta situación representa una dificultad particular para familias de menores ingresos, pequeñas empresas y gobiernos, que pueden enfrentar importantes gastos de recuperación sin mecanismos adecuados de aseguramiento.

Los autores recomiendan desarrollar instrumentos como seguros, reaseguros, fondos de contingencia y bonos catastróficos, con el propósito de disponer de recursos oportunos después de una emergencia.

Para los eventos frecuentes de menor impacto proponen utilizar reservas presupuestarias, mientras que para las catástrofes de mayor magnitud sugieren mecanismos de transferencia de riesgos.

Proponen una estrategia regional de diez medidas.

El informe, elaborado por los especialistas Manuel Balmaseda, Ángel Melguizo y Víctor Muñoz, propone un decálogo orientado a mejorar la preparación y recuperación de los países.

Entre las prioridades destacan convertir la resiliencia financiera en una política de Estado, ampliar los seguros, proteger infraestructura estratégica, garantizar pagos rápidos e impulsar alianzas público-privadas.

Plantea aprovechar la innovación tecnológica y financiera, vincular instrumentos aseguradores con la prevención y fortalecer la cooperación regional.

El objetivo es que los países dispongan de recursos suficientes para reconstruir infraestructura, restablecer servicios y proteger las actividades económicas sin comprometer de manera prolongada sus finanzas públicas.

El documento concluye que la protección civil debe complementarse con una estrategia de resiliencia económica y financiera, ante una amenaza climática que continuará representando importantes desafíos para América Latina y el Caribe.