La sociedad dominicana perdió la confianza en el sistema político.
Un alto porcentaje de motoristas son violadores de la ley 63-17.
Por Marcelo Peralta
La ciudad de Santiago, la primera de América, del Nuevo Mundo, segunda en importancia económica, industrial, educativa, comercial, desarrollo y centro de la región del Cibao, sus habitantes viven en un caos vial y no parece una autoridad que lepoonga el cascabel al gato.
El instituto de Movilidad y Transporte -Intrant- es el órgano oficial del Estado que dirige y regula el tránsito, seguridad vial, creado mediante la ley 63-17 ha sido una vergüenza porque no contribuye en nada en beneficio de la sociedad.
La ciudadanía tiene desconfianza en las ejecutorias Intrant, que crea las normas para organizar el tránsito de vehículos y peatones en todo el país.
Ha de esperarse que con la designación de Juan Manuel Méndez esa institución cambie su imagen.
Su dependencia deviene del Ministerio de Obras Públicas y Comunicaciones, aunque tiene autonomía administrativa y técnica, no obstante el rol ante la sociedad es cuestionable y repudiable.
Al parecer la misión del Intrant es maltratar al ciudadano, imponer multas a quienes manejan con prudencia, protegiendo a los violadores de la ley 63-17.
El pueblo llano muestra confianza en que la gestión del general Mendez diseñe planes que impulsen cambios y transformaciones.
En enseñe a los agentes el valor de la integridad, actuar con la actitud requerida, crear proceso intensivo de formación de sus miembros a nivel nacional.
Agentes del Intrant y personal a nivel nacional soplo de ufanan en llenarse los bolsillos de dinero, no aplican la ley 63-17 a violadores, en especial motoristas que se encaraman por las aceras y choferes de aparatos de alto cilindrajes que transitan a velocidades excesivas.
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