Monsenor Carlos Tomas Marel exige el nuevo Código Penal entre en vigencia y pide agilizar revisión de artículos cuestionados.

El arzobispo Carlos Tomas Morel Diplán apoya la entrada en vigor del nuevo Código Penal, instando a legisladores a resolver artículos cuestionados y que el presidente Luis Abinader es quien tiene la última palabra.

El arzobispo coadjutor de Santo Domingo, monseñor Carlos Tomas Morel Diplán, respaldó la medida entre en vigencia el próximo 3 de agosto como está previsto, al considerar que el país no puede seguir aplazando una legislación que lleva años debatiéndose.

El prelado expresó su apoyo a la advertencia de la procuradora general de la República sobre la necesidad de evitar nuevos retrasos en la entrada en vigor de la normativa y afirmó que el país necesita contar cuanto antes con un nuevo Código Penal.

«Entiendo a la procuradora general de la República,Yeni Berenice Reynoso Gomez, porque realmente necesitamos que el Código entre en vigencia el 3 de agosto, como se ha dicho», manifestó.

Revisión de artículos cuestionados.

No obstante, señaló que los artículos que han generado cuestionamientos, especialmente los relacionados con relación a la ley de Libertad de Expresión entiende que deben ser revisados los artículos cuestionados antes de la aprobación definitiva.

Morel Diplán valoró que el presidente Abinader acogiera las solicitudes de sectores para revisar esas disposiciones y exhortó a legisladores a acelerar el proceso.

«Esperamos que legisladores en estos días previos hagan arreglos que se necesitan realmente y que lo importante es que se resuelva y se decida ahora», expresó.

El arzobispo insistió en que las modificaciones pendientes no deben convertirse en un nuevo obstáculo para la entrada en vigor de la legislación.

«El país lo necesita. Llevamos más de 25 años esperando este Código y tenemos que avanzar con esto», afirmó.

Defiende las manifestaciones pacíficas

Morel Diplán se refirió a las recientes manifestaciones ciudadanas, al considerar que constituyen una expresión legítima dentro de una sociedad democrática.

Afirmó que es positivo que la población exprese sus inquietudes de manera pacífica y dentro del marco de la legalidad, al tiempo que destacó la importancia de que las autoridades escuchen esos reclamos.

«Que la gente se manifieste y diga lo que siente es un signo importante para mantener la democracia», sostuvo.

Indicó que escuchar a la ciudadanía representa un primer paso importante, aunque recordó que pertenece al gobierno tomar las decisiones que respondan a las demandas de la población.