Imponen 36 meses de coerción a pareja de esposos por robo millonario en oncológico de Santiago.

La procuradora general de Corte Mirna Ortiz, titular de la Procuraduría Especializada de Persecución de la Corrupción Administrativa, resaltó que el tribunal acogió de manera completa la solicitud formulada por el Ministerio Público.

Este caso fue declarado de tramitación compleja.

Por Marcelo Peralta

Santiago, R.D.-La jueza Stephanie Santiago Reyes, de la Oficina Judicial de Servicios de Atención Permanente impuso 36 meses de coerción a la pareja de esposos acusados de un robo millonario del Instituto Regional de Oncología.

El principal  acusado es el  ingeniero y empresario Hector Antonio Lora Cruceta y su actual esposa, Luisa Yasiris Guzmán.

Se dictó arresto domiciliario a la exesposa de Lora Cruceta, señora Dilcia Isabel Vargas Sánchez, también imputada en el entramado de la Operación Onco14, porque  colaboró con las investigaciones y quien era funcionaria del organismo de salud.

Para el Ministerio Público que participó activamente en las tres audiencias y las tres réplicas había pedido de 18 meses a Lora Cruceta y 18 a su esposa Luisa Yasiris Guzman, ambos procesados por ser pilares de la estructura que se aprovechó del Patronato Cibaeño Contra el Cáncer para enriquecerse ilícitamente mediante maniobras fraudulentas.

Las indebidas acciones de Lora Cruceta y Guzman afectaron sensiblemente al Instituto Oncológico Regional del Cibao (IORC) y a pacientes afectados de cáncer; al Seguro Nacional de Salud (SeNaSa) y al sistema de salud nacional.

En el Ministerio Público siempre estuvo de acuerdo que la pareja de esposos debía ir a la cárcel por espacio de 18 meses cada uno.

Mientras a la exesposa de Lora Cruceta aplicar prisión domiciliaria hasta completar el expediente acusatorio final y llegar a juicio de fondo.

Opinión y sugerencia

El director general de Persecución del Ministerio Público, doctor Wilson Camacho Peralta dirigió el equipo litigante.

Igualmente  la doctora Mirna Ortiz, titular de la Procuraduría Especializada de Persecución de la Corrupción Administrativa (Pepca) y la procuradora titular de la Fiscalía de Santiago, licenciada Quirsa Milagros Abreu Peña.

También, fueron partes del Ministerio Público, las licenciadas Joanna García, de la Dirección General de Persecución, quien está a cargo de la Dirección Técnica de la Fiscalía de Santiago y la licenciada Elvin Ventura, encargado de Casos Complejos en esa jurisdicción.

En la instancia presentada ante el tribunal, el órgano investigador se ratifica se impongan 36 meses de prisión preventiva contra los imputados Héctor Antonio Lora Cruceta, expresidente del Consejo de la asociación sin fines de lucro (ASFL) Patronato Cibaeño Contra el Cáncer y miembro de la junta directiva del IORC y a su actual esposa Luisa Yasiris Guzmán.

El Ministerio Público solicitó declarar complejo el proceso por la pluralidad y así lo establece la jueza.

Al referirse al caso de los tres que fueron arrestados con la puesta en marcha de la Operación Onco14, la procuradora general de corte Mirna Ortiz, titular de la Procuraduría Especializada de Persecución de la Corrupción Administrativa, resaltó que el tribunal acogió de manera completa la solicitud formulada por el Ministerio Público.

“Seguiremos investigando, habrán más imputados”, enfatizó Ortiz, quien representó al Ministerio Público en el proceso junto al procurador adjunto Wilson Camacho, director general de Persecución del Ministerio Público; igualmente las licenciadas Quirsa Abreu, titular de la Fiscalía de Santiago y los fiscales Joanna García y Elvin Ventura.

“El tribunal reconoció que la solicitud de medida de coerción era bastante robusta, que aportó pruebas suficientes para establecer el vínculo de los imputados con esos hechos”, dijo Ortiz, al ser abordada por la prensa después que la jueza Stephanie Santiago Reyes, de la Oficina Judicial de Servicios de Atención Permanente de Santiago, diera a conocer la decisión.

Ortiz resaltó que la solicitud de medida fue sustentada con pruebas de carácter pericial que han llevado a la juzgadora a imponer las medidas solicitadas por el Ministerio Público. 

“Ello evidencia, dijo Ortiz una vez más, la contundencia de los procesos que llevamos desde esta procuraduría especializada”.

Variación de arresto domiciliario.

Respecto a la variación de solicitud de arresto domiciliario en el caso de una de las imputadas, reafirmó que hasta el momento el Ministerio Público no tiene ningún tipo de acuerdo de cooperación con los procesados.

“El Ministerio Público, como lo ha hecho en otras ocasiones, ha reconocido la condición de aquellos imputados que admiten su responsabilidad frente a los hechos, que están dispuestos a asumir las consecuencias de sus actos y que, por consiguiente, tienen menos interés de fugarse que aquellos que se mantienen con una defensa negativa”, añadió Ortiz.

A prisión a 18 meses cada uno.

Héctor Lora Cruceta y Luisa Yasiris Guzmán deberán cumplir la prisión preventiva en los centros de corrección y rehabilitación Rafey Hombres y Mujeres, de Santiago.

La investigación realizada del órgano persecutor aborda hechos delictivos como el fraude clínico y farmacéutico mediante el cambio de indicaciones médicas, uso de sellos médicos falsos, doble facturación al SeNaSa y la entrega incompleta de medicamentos.

En la Operación Onco 14 fueron arrestados los imputados Héctor Antonio Lora Cruceta, expresidente del Consejo de la asociación sin fines de lucro (ASFL) Patronato Cibaeño Contra el Cáncer y miembro de la junta directiva del IORC,  así como su esposa Luisa Yasiris Guzmán, presidenta de la fundación Tócate RD-Casa de Acogida.

Igualmente, Dilcia Isabel Vargas Sánchez, exesposa de Lora Cruceta, quien se divorció del imputado en 2014; ocupó la vicepresidencia, fungió como auditora interna y externa del patronato que administra al Instituto Oncológico Regional del Cibao cuando el imputado era presidente de la citada ASFL.

Vinculación de imputados.

Los imputados y las razones sociales Vargas Lora & Asociados (hoy Vargas Guzmán Accounting Center) y la Fundación Tócate RD-Casa de Acogida sustrajeron fondos millonarios mediante distintos mecanismos fraudulentos.

La investigación aborda hechos delictivos como el fraude clínico y farmacéutico mediante el cambio de indicaciones médicas; uso de sellos médicos falsos; doble facturación al SeNaSa y la entrega incompleta de medicamentos.

Además, la prohibición de donaciones gratuitas de medicamentos, la venta de medicamentos donados, el contrabando con exoneraciones fiscales y el tráfico con sustancias controladas.

Utilización de habitaciones del oncológico para realizar cirugías estéticas; gastos de representación ilegítimos; reembolsos fraudulentos de gastos en viajes y hoteles; sabotaje digital, robo de archivos y lavado de activos.

Según la investigación, los procesados sobornaron a distribuidoras de medicamentos; crearon la fundación Tócate, con la cual distraen fondos; cobraban al SeNaSa por servicios y medicamentos no suministrados a pacientes del Oncológico de Santiago.

Otro mecanismos para distracción de fondos del Patronato, según el órgano investigador, fue la autoasignación de salarios, viáticos y otros beneficios que no corresponden al personal que labora en este tipo de entidades.

Igual.

Fraude clínico; farmacéutico mediante el cambio de indicaciones médicas; uso de sellos médicos falsos, doble facturación al SeNaSa y la entrega incompleta de medicamentos.