Magistrado Wilson Camacho afirma que robo de Senasa y el Instituto Oncológico de Santiago merecen castigos severos.

Lo tilda como fraude en contra de pacientes con cáncer.

Por Marcelo Peralta

Santiago, R.D.- El director general del departamento de  Persecución del Ministerio Público, doctor Wilson Camacho, afirmó que las investigaciones del Seguro Nacional de Salud (Senasa) han sido una de las tramas más sensibles cometidas perjudicando a la población más vulnerable, defraudando al sistema de salud, como es el caso del Instituto Oncológico Regional del Cibao en Santiago com tres detenidos.

En una operación sin precedente,  de la dirección general de Persecución del Ministerio Público, la Procuraduría Especializada de Persecución de la Corrupción Administrativa (Pepca) y la Fiscalía de Santiago, arrestó a Héctor Antonio Lora Cruceta, expresidente del Consejo de la asociación sin fines de lucro (ASFL) Patronato Cibaeño Contra el Cáncer y miembro de la junta directiva del IORC.

Igualmente está presa Luisa Yasiris Guzmán, actual esposa de Lora Cruceta y presidenta de la fundación Tócate RD-Casa de Acogida.

Se añade a la red criminal Dilcia Isabel Vargas Sánchez, exesposa de Lora Cruceta, quien se divorció del imputado en 2014 y ocupó la vicepresidencia, a la vez hacía las funciones de auditoría interna y externa, del patronato que administra al Instituto Oncológico Regional del Cibao cuando el imputado era presidente de la citada ASFL.

De acuerdo al Ministerio Público el trío se asoció para robar millones de pesos mediante diversas modalidades fraudulentas, en perjuicio de pacientes del Instituto Oncológico Regional del Cibao, que funciona en la calle Pedro Francisco Bono, entre la cuadra de la Francisco del Rosario Sanchez y República de Cuba en las cercanías del Hospital Jose Maria Cabral y Baez.

Están detenidos sus ejecutivos por nepotismo, asociación de malhechores, estafa contra el Estado, soborno, delitos de alta tecnología, acceso ilícito, violacion de  código, lavado de activos en perjuicio del Estado.

Sobre ese particular, Camacho dice que son hallazgos alarmantes la presunta práctica de fraccionar medicamentos destinados a pacientes con cáncer para utilizarlos en varios tratamientos mientras se cobraba al seguro el costo completo de cada dosis.

Aseguró que “se afectó la salud de personas enfermas de cáncer y se estafó al Estado”, y eso son  casos graves y que amerita castigos ejemplarizadores, para que no se repitan ni se vuelvan a repetirse, sostuvo.

Defensa de la independencia del Ministerio Público

Ante las críticas que atribuyen motivaciones políticas a los procesos de corrupción, Camacho aseguró que todas las investigaciones han estado sustentadas exclusivamente en pruebas.

“Una cosa es persecución política y otra es perseguir a políticos. La diferencia la establecen las pruebas”, enfatizó.

El funcionario insistió en que la fortaleza institucional del Ministerio Público dependerá de mantener la independencia de los fiscales, fortalecer la carrera del Ministerio Público y garantizar investigaciones cada vez más técnicas y profesionales.

“Queremos dejar un Ministerio Público completamente institucionalizado, profesionalizado y capaz de reducir los niveles de impunidad”.

Condenas y recuperación de dinero.

Aseguró que el país vive momentos significativos en la lucha contra la corrupción administrativa, logrando 95 condenas, recuperando miles de millones de pesos, cifra que considera sin precedentes en la historia reciente.

Destaca las 95 condenas obtenidas en procesos judiciales impulsados por el órgano acusador y la recuperación de miles de millones de pesos sustraídos al Estado.

Caso Coral en que mediante sentencia que definió de histórica en la lucha contra la corrupción, afirma que nunca se había logrado este tipo de acontecimiento judicial y resaltó como un hito la reciente sentencia del caso Coral y Coral 5G caso conocido en el Segundo Tribunal Colegiado del Distrito Nacional.

Dice que se condenó a principales implicados en una estructura de corrupción que operó dentro de organismos militares y de seguridad del Estado, aplicando penas de 20 años de prisión a identificados responsables del entramado.

Valoró la decisión del tribunal de ordenar la devolución de 5 mil millones al Estado, calificándola como una de las mayores recuperaciones patrimoniales obtenidas en un proceso de corrupción en el país.

Durante una entrevista en el programa El Día, que se transmite por Telesistema Canal 11, Camacho afirmó que la sentencia del caso Coral constituye una decisión histórica para la justicia dominicana.

“Esta decisión es histórica en materia de lucha contra la corrupción en República Dominicana”, expresó.

El procurador adjunto sostuvo que la estrategia del Ministerio Público ha estado basada en la construcción de expedientes sustentados en pruebas documentales, periciales y testimoniales capaces de resistir el escrutinio de los tribunales.

Reveló que desde el año 2020 el Ministerio Público ha ejecutado 36 grandes operaciones contra el crimen organizado y la corrupción administrativa, de las cuales 11 son casos de corrupción.

“Nosotros hemos demostrado que es posible perseguir y llevar ante la justicia los grandes casos de corrupción”, afirmó.

Recuperación récord de recursos públicos

Uno de los aspectos más destacados por el director de Persecución fue la recuperación de fondos públicos producto de acuerdos de colaboración y procesos judiciales.

Indicó que el caso que ha generado la mayor recuperación económica para el Estado es el relacionado con los acuerdos alcanzados con implicados en el entramado investigado en torno al Ministerio de Hacienda y estructuras vinculadas al exministro Gonzalo Castillo.

Acuerdos de colaboración y recuperar fondos públicos

Según detalló, el Estado ha recuperado más de 2 mil 100 millones mediante acuerdos con Ramón Emilio Jiménez, José Arturo Ureña y Fernando Crisóstomo.

Sin embargo, señaló que el monto más alto recuperado hasta la fecha corresponde al acuerdo suscrito con el empresario Máximo Montilla, mediante el cual fueron devueltos más 3 mil millones al patrimonio público.

“El caso en el que más hemos recuperado recursos supera los tres mil millones de pesos”, precisó.

El funcionario defendió este tipo de acuerdos, argumentando que permiten recuperar de manera inmediata recursos que, de otra forma, podrían permanecer años en litigios judiciales.