Aplicar el rigor de la Ley.
En el mundo las guaguas que transportan estudiantes se respetan y nadie debe acercarse a esos vehículos, menos en la selva de República Dominicana.
El grupo de delincuentes motoconchistas que rodeó, atacó y golpeó al chofer Henry González deberían estar en la mazmorra esperando una condena por atentado.
El chofer y estudiantes pertenecen a la escuela Rafaela Santaella.
Esa turba descargó su rabia contra el chofer al que hirieron en la cabeza y atentaron contra niños escolares.
En Santiago una turba de delincuentes asesinó a puñaladas al chofer de un camión asignado a la recogida de desechos sólidos del ayuntamiento de Santiago.
No es de sorprender que delincuentes usan a motoristas para hacer actividades fuera de la ley.
Esa agresión al conductor del TRAE, por forajidos motoristas debe recibir todo el rigor de la ley.
Este patrón no debe ni puede repetirse porque es vergonzante en una sociedad que se dice vive en democracia.
El país vive una situación difícil a causa de los desórdenes.
En calles, avenidas, carreteras, callejones, circulan cerca de 5 millones de motocicletas y una alta cantidad de sus conductores carecen de cualidades.
La mayoría carecen de formación humana, sin licencia, identificación, seguro, casco, con la ropa adecuada violando la ley 63-17.
Muchos motociclistas son imprudentes.
Este sistema político permite que un alto número de motociclistas encabezan las estadísticas de muertes.
Con certeza las autoridades permiten la impunidad y protegen a los motoristas porque aportan votos a partidos políticos.
El gobierno de Luis Abinader tiene miedo y complicidad de enfrentar a los motoristas violadores de la ley 63-17.
El enjambre de motoristas que asesinó al chofer del camión recolector de desechos sólidos en Santiago y aquellos que atacó la guagua llena de estudiantes es una acción conspirativa y sus autores jamás deberían salir de la cárcel.
Esa turba de iracundos deben mantenerse encerrados por decenas de años al poner en peligro la vida del chofer y de decenas de niños.
El Estado tiene que decidir si regula el transporte en motocicleta o si sigue negociando con él en cada proceso electoral.
Los niños que iban en ese autobús merecen una respuesta más duradera que cien arrestos que el próximo incidente volverá a desnudar a las autoridades.
Por Marcelo Peralta
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