FUNDETROP rechaza minería en la Cordillera Septentrional.

Pondera Academia de Ciencias haga evaluaciones. Acusa al gobierno de Luis Abinader de complicidad con la destrucción.

El gobierno a través del Ministerio de Mina y Energía intenta confundir la población con un relato sobre la licencia de exploración y eventual explotación que conlleva afectar la Cordillera Septentrional y ahora se autoriza la investigación por la Acadermkia de Ciencias.

La Fundación Ecológica Tropical (FUNDETROP) habia rechazado categóricamente cualquier intento de exploración y explotacion minera en la Cordillera Septentrional, calificando esta práctica como una actividad criminal que atenta contra la vida, agua, biodiversidad y el futuro del pais.

La entidad responsabilizó directamente al Gobierno dominicano, así como a los ministerios de Energía y Minas y de Medio Ambiente, de promover, permitir o tolerar proyectos extractivos en una de las zonas ecológicas más sensibles y estratégicas del país, de la cual dependen importantes cuencas hidrográficas, áreas boscosas y comunidades enteras.

FUNDETROP denunció que, mientras el discurso oficial habla de sostenibilidad y protección ambiental, en la práctica se continúa abriendo paso a intereses mineros que priorizan el lucro privado por encima del interés nacional, violando principios constitucionales, leyes ambientales y compromisos internacionales asumidos por el Estado dominicano.

“La Cordillera Septentrional es un patrimonio natural y estratégico. Cualquier intento de minería en este territorio constituye un crimen ambiental y una amenaza directa a la biodiversidad, la seguridad alimentaria y ecológica del país”, advirtió la organización.

En ese sentido, FUNDETROP anunció que junto a las organizaciones de las decenas de comunidades de:  Pedro García, Río Grande, San Francisco de Jacagua y Yasica enfrentarán por todos los medios posibles, legales, sociales, comunitarios, movilización ciudadana, cualquier proyecto minero que pretenda instalarse en la Cordillera Septentrional, y llamó a la población, a las organizaciones sociales y a la comunidad científica a mantenerse vigilantes y activos frente a lo que calificó como un nuevo intento de depredación ambiental con aval gubernamental.

La fundación reiteró que la defensa del medio ambiente no es una opción ni un eslogan, sino un deber constitucional, moral y advirtió que el país no puede seguir pagando con contaminación, enfermedades y destrucción de sus recursos naturales las decisiones irresponsables de las autoridades.