17 implicados en red criminal apresados mediante la Operación Discovery 2.0 condenados a 7 y 2 años de cárcel.

El tribunal acogió el planteamiento del equipo de fiscales, validó la legalidad y pertinencia de las pruebas presentadas.

Por Marcelo Peralta

Santiago, R.D.-17 implicados en red criminal apresados mediante la Operación Discovery 2.0 condenados a 7 y 2 años de cárcel.

Figuran Miguel Ángel Camilo Pérez (Camilo y/o Milo), considerado uno de los cabecillas de la red, quien deberá purgar siete años de prisión.

Otros son Freddy William Urtarte (Metra),  Juan Armando Vásquez Ramírez-Peligro-, Erick Ángel Peña Núñez, Hayler Andrés Olivares Núñez-Tripplehmusic-, Kelvin Antonio Carmona Sánchez -Calvin-, Deuris Antonio Franco De La Cruz a quienes aplicaron cuatro años de reclusión.

Igualmente Jonathan Jesús Rodríguez Bonilla -Tan Tan-, Wilson Miguel Rodríguez Suero, Lorena Franchesca Antigua Pérez, Leslie Agnes Succart González, Glorisel Martínez Peralta-Gloria-, Yenny Carolina Corniel Henríquez-Jenny-, Arlin Josefina Rosa Rosario-Tiny-, Ramón Esterling Polanco Leclerc -Ray o La Línea-.

Además, Arnaldo Manuel Rosario Nolasco, y Luis Manuel Martínez -White Boy-, tienen condenado de cuatro años de prisión, aunque suspendida.

Las condenas se impusieron contra las entidades societarias Agnes Travel SRL y Urtarte’s Paradise Call Center SRL.

Leyes

Enfrentaron cargos por violación a la Ley 53-07 sobre Crímenes y Delitos de Alta Tecnología y, tambien la Ley 155-17 sobre Lavado de Activos. 

El tribunal acogió el planteamiento del Ministerio Público; validó la legalidad y pertinencia de las pruebas presentadas.

Con esta operación, el Ministerio Público reafirma su compromiso de enfrentar con firmeza la criminalidad organizada y el ciberdelito, garantizando justicia para las víctimas e impulsando una respuesta institucional robusta frente a amenazas que afectan no solo el orden público.

También limpiar la imagen internacional y la confianza del país como destino turístico y de inversión segura.

Las condenas

El Ministerio Público dice que obtuvo condenas contra 17 personas físicas y dos personas jurídicas acusadas de integrar la red criminal desmantelada mediante la Operación Discovery 2.0.

A pesar de las condenas el sistema judicial tildó de compleja la investigación de carácter transnacional la cual fue puesta en marcha en 2023 en que puso al descubierto maniobras criminales de una organización dedicada a la estafa, robo de identidad y el lavado de activos en perjuicio de estadounidenses en edad de retiro.

Investigaciones

Tras más de 2 años de diligencias de la Dirección General de Persecución del Ministerio Público y la Fiscalía de Santiago; el Primer Juzgado arribó hoy a su jurisdicción y condenó a 7 y 4 años de prisión al grupo de encartados en el caso.

Mediante  sentencia se ordenó la disolución de las dos entidades societarias, pasando todos los bienes al Estado.

Así mismo el decomiso millonario de vehículos, inmuebles, cuentas bancarias y dinero en efectivo.

Postura del fiscal

El fiscal Warlyn Alberto Tavares Reyes recordó que los condenados operaban desde call centers clandestinos disfrazados de centros de servicios, desde los cuales ejecutaban campañas sistemáticas de fraude, utilizando medios tecnológicos, afectando especialmente a personas de la tercera edad en los Estados Unidos.

Robaron a víctimas

Las víctimas fueron despojadas de los ahorros acumulados por décadas.

FBI

La investigación, desarrollada por la Dirección General de Persecución en estrecha colaboración de las autoridades de Estados Unidos y con apoyo del Buró Federal de Investigaciones (FBI) y la División Especial de Investigación de Delitos Transnacionales (Dedidet), permitió la recolección de más de 450 elementos de prueba, entre interceptaciones, documentos, medios digitales y testimonios, que sustentan las acusaciones de asociación de malhechores, estafa agravada, suplantación de identidad y lavado de activos.

De forma paralela, el Ministerio Público tramitó procesos de cooperación judicial internacional, logrando extradiciones y la judicialización de imputados vinculados al esquema desde territorio estadounidense.

Millones de pesos y miles de dólares.

En República Dominicana se logró la disolución judicial de dos personas jurídicas utilizadas como fachadas operativas y el decomiso de más de RD$2 millones en efectivo, USD$84 mil dólares, vehículos de alta gama, armas de fuego, equipos electrónicos, joyas y bienes inmuebles.