El Ministerio Público inició ante el juez de la Oficina de Atención Permanente del Distrito Nacional, Rigoberto Sena, la lectura de la solicitud de medida de coerción contra militares y civiles que integran la estructura criminal del caso Lobo.
Imputados de recibir sobornos y manipular licitaciones en varias instituciones para obtener contratos de servicios de seguridad.
El órgano acusador explicó en el tribunal cómo los imputados cometieron una serie de irregularidades para drenar a las instituciones para su beneficio, se trata de encartado, el mayor general retirado del Ejército, Carlos Ambrosio Robles Díaz.
Los coroneles Andrés Pacheco Varela, Luis Ernesto Vicioso Bocio, Francisco Guarín Fernández y Elías Caamaño Pérez; el coronel de la Fuerza Aérea, Yorbyn Eduardo Eufracio Aybar; el primer teniente del Ejército, Wellington Peralta Santos.
Empresario Quilvio Bienvenido Rodríguez González; el coronel de la Policía Nacional, Ramón Quezada Ortiz, y el civil Bolívar Nicolás Fernández Espinal.
A través de contratos de seguridad adjudicados a empresas habrían sustraído 108 millones de pesos.
Complejidad y medida
El Ministerio Público solicitó 18 meses de prisión preventiva como medida de coerción contra el grupo de implicados, además de que el proceso sea declarado complejo.
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