Boca Chica.-En un nuevo caso que genera alarma, el programa de investigación Reporte Especial con Julissa Céspedes reveló que la coronela médica de la Fuerza Aérea, Margarita Beltrán Zabala, intenta apropiarse de más de un millón de metros cuadrados de terrenos privados en el antiguo proyecto Boca Chica Country Club, mediante un contrato que, según los denunciantes, carece de legalidad.
El abogado William Cunillera, representante legal de los propietarios legítimos, denunció que Beltrán Zabala entró al terreno hace aproximadamente tres años, acompañada de su esposo. Este último se hace pasar por periodista, y procedió a limpiar el área como si fuera suya.
Indica que a pesar de las advertencias, la coronela declaró ser propietaria del lugar presentando un documento de compraventa que ha sido calificado por los abogados como “un contrato inventado”.
Según el testimonio legal, la militar continúa intentando ocupar más porciones de terreno. Para ello se hace acompañar de civiles armados, en lo que ha sido descrito como un juego de desgaste contra los dueños reales.
Los abogados afirman que estas acciones están respaldadas por una red de falsificación de documentos, sobornos a funcionarios judiciales. Y una presunta mafia de ventas de terrenos que involucra a militares, abogados, sindicalistas y autoridades locales.
“Le enseñan al comprador un título de otra persona, lo llevan a un notario, hacen un contrato informal y le sacan dinero”, relata William Cunillera.
El jurista Juan Thomas Vargas precisa que en algunos casos se ha identificado usurpación de identidad, donde contratos se firman en nombre de personas fallecidas o desconocedoras de la operación.
El Ministerio Público, según los denunciantes, actúa con lentitud. Y en ocasiones tratan estos casos como simples disputas entre privados. Esa negligencia permite que las ocupaciones persistan por años.
Aunque las estructuras construidas en el área están vacías y carecen de servicios básicos, los propietarios denuncian un acoso constante. Las casuchas son derribadas, pero luego reconstruidas por nuevos ocupantes. Muchos de esos ciudadanos nacionales haitianos contratados para labores de limpieza y ocupación visual del terreno.
Mafia amparada en impunidad
Según la denuncia, estas prácticas son comunes en Boca Chica, donde existe una red dedicada a ocupar terrenos estratégicos. “Buscan protección en figuras con poder”, señala un abogado, “para evitar desalojos y generar temor”.
Marco legal
La acción de Beltrán Zabala, como otras similares, constituye una violación al artículo 51 de la Constitución Dominicana, que protege el derecho a la propiedad.
Además, incumple el Decreto 668-22, emitido en noviembre de 2022 por el presidente Luis Abinader. La disposición, crea una unidad especial de la Policía Nacional para combatir este tipo de invasiones.
El decreto también instruye la expulsión de extranjeros que participen en ocupaciones ilegales y sanciones a funcionarios que omitan sus deberes ante estas violaciones.
Otros casos emblemáticos
Este no es un hecho aislado. Casos similares se documentan en Villa Altagracia, San Isidro, Punta Rucia y Santiago.
Los mismos afectan terrenos del Estado, propiedades privadas, muchas veces destinadas a inversiones turísticas, de vocaciones agrícolas y urbanas.
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