Gobierno de Luis Abinader le entró con todo a edificaciones del kilómetro 9.

Comerciantes afectados califican abusivos desalojos, inhumanos que solo sucede en un gobierno dictador. 

Por Marcelo Peralta

Santo Domingo, R.D.- Viajar este domingo desde Santo Domingo hacia la región del Cibao, observar el polígono  de la tradicional paradas de autobuses del kilómetro 9 es estar en un campo de guerra, dinamitado, bombardeado o destruido por el impacto de un feroz y demoledor huracán.

El gobierno de el cambio de Luis Abinader que durante su gobierno instalado en el año 2020 y reelecto en el 2024-2028 con minería debido a la abstención electoral le entró al estilo de una “fiera feroz” a destruir casas, negocios, empresas y ahora parece hubo allí una guerra.

Comerciantes, dueños de casas, empresas, entienden acciones de esa magnitud solo ejecuta en gobiernos dictadores, porque llegaron con potentes aparatos pesados a destruir lo que estaba hecho sin notificar a propietarios.

Codevial de Obras Públicas interviene diversas infraestructuras en el área verde del kilómetro 9 de la Duarte.

Este comerciante trata de salvar algo de su propiedad, pero todo fue demolido por equipos pesados.

El ministerio de MOPC confirma más de 100 negocios han sido afectados  ubicados en la autopista Juan Pablo Duarte, kilómetro 9 que comunica a Santo Domingo.

Esa vía comunica desde Santo Domingo hasta Montecristi en la región Noroeste y las provincias Monseñor Alejandro Nouel Bobadilla, Santiago, Juan Pablo Duarte. presidente Ulises Francisco Espaillat, presidente José Desiderio Valverde, Santiago Rodríguez, Dajabón, Montecristi, Puerto Plata y otras. 

Hay angustia, desolación, nerviosismo debido a que comerciantes que tienen compromisos financieros están  desesperados al quedar a la intemperie.

Las demoliciones iniciaron al estilo de un huracán y su llegada fue a la una de madrugada de este domingo.

El gobierno de Luis Abinader vía ministerio de Obras Públicas que dirige Deligne Asunción, actual secretario de Organización del Partido Revolucionario Moderno-PRM- y arremetió con todo.

Llevó “pilas de policías y guardias” armados hasta los dientes, colocados en tierra, balcones y encimas de edificios, preparados para actuar contra dueños de edificaciones.

Hay comerciantes que se quejan las autoridades  ni siquiera dejaron que sacar mercancías; perdieron en efectivo 400 mil pesos; 2.5 millones de millones de pesos.

Se quejan policías y guardias lanzaron gases lacrimógenos, metieron fuegos a las edificaciones y destruidas por retroexcavadoras.

Tienen un recurso de amparo ante el Tribunal Constitucional, aunque consideran eso es “letra muerta”, porque ese organismo no podrá hacer nada, tampoco detener y menos extender la medida, ya que todo ha sido demolido.

Comerciantes critican las compensaciones económicas ofrecidas, califican de insuficientes, alejadas de lo inicialmente prometido ya que ofrecieron entre 600 y 700 mil pesos, cuando en realidad sus negocios eran millonarios.

Comisiones del gobierno del PRM acudían a negociar ante la promesa de ofrecer 50 y 100 mil pesos por negocios valorados en millones de pesos sin evaluar las mercancías y muchos tenía 30, 40 y 50 años en ese lugar.

Otros, adquirieron terrenos hace 17 y 20 años atrás mediante al alcalde de Santo Domingo Oeste, Francisco Peña que en ese momento eran valorados en 850 mil pesos.

Posición

El Ministerio de Obras Públicas y Comunicaciones a través de la Unidad de Control de Derecho Vial, intervino infraestructuras establecidas ilegales en el área verde y parte de la calzada del kilómetro 9 de la autopista Juan Pablo Duarte.

Era para posibilitar el avance y conclusión de los trabajos en esta vía, que se ejecutan para agilizar el tránsito, hacerla más eficiente, segura, dicen.

Este eje vial conecta con las 14 provincias del Cibao y por aquí transita más del 60 % de la población nacional.

El MOPC, en una nota de prensa, aseguró dueños de las instalaciones afectadas fueron compensados económicamente, aunque algunos persisten en ocupar ilegal  terrenos al lado derecho de vías y se niegan a recibir el dinero ofrecido, cuyos montos se derivan de las tasaciones.

«No obstante estar amparados por las leyes que penalizan la invasión de una propiedad pública, se trabajó para que la intervención de la Codevial fuera de forma humana, tomando en cuenta los derechos y la dignidad de las personas, a fin de que ninguna de las partes resulte afectada», indicó el MOPC en una nota de prensa la noche de este domingo.

La ampliación y remodelación de la autopista Juan Pablo Duarte abarca desde el kilómetro 9 hasta Montecristi.