El procurador Wilson Camacho, de origen mocano ha dicho la prisión a Hugo Beras y Jochy Gómez es triunfo de la verdad sobre la mentira y el miedo
El titular de la Procuraduría
Especializada de Persecución a la Corrupción Administrativa ha enviado a la cárcel
por 18 pesos a Beras y a Gómez por sus entramados en perjuicio de la sociedad y
el Estado.
El funcionario judicial se
expresó en esos términos, al referirse al envío a prisión por 18 meses de
Hugo Beras y José Ángel Gómez Canaán, señalados por el Ministerio Público como
los principales implicados en el entramado acusado de cometer estafa contra el
Estado en el contrato para la modernización de la red semafórica del Gran Santo
Domingo.
“Esta decisión del tribunal
es el triunfo de la verdad sobre la mentira y el miedo. El tribunal impuso
prisión preventiva contra tres y contra otros, o sea un cuarto imputado, impuso
arresto domiciliario, dejando en prisión al liderazgo y a la principal parte de
esta estructura de corrupción”, señaló Camacho.
Manifestó que el Ministerio
Público continuará durante los próximos 18 meses reforzando el expediente, a
los fines de obtener nuevas evidencias con relación a las imputaciones que
pesan sobre los acusados.
No descartó en las
investigaciones surjan nuevos apresados por el referido escándalo de
corrupción.
La decisión fue adoptada por
la magistrada Fátima Veloz, tras acoger un pedimento presentado por los
fiscales de la Procuraduría Especializada de Persecución de la Corrupción
Administrativa (Pepca), quienes habían pedido imponerles 18 meses de prisión preventiva.
La magistrada dictaminó que
Jochi Gómez, propietario de las empresas Transcore Latam y de Aurix, así como
Hugo Beras, cumplan la medida de coerción en la cárcel de Najayo-Hombres, San
Cristóbal.
Impuso, también 18 meses de
prisión preventiva en contra de Pedro Vinicio Padovani Báez, exencargado del
Centro de Control de Tráfico del Intrant, para ser cumplido en la cárcel de
Najayo.
En cuanto a los imputados
Frank Díaz Warden, coordinador de Despacho y representante de Hugo Beras ante
el Comité de Compras del Intrant; y Carlos José Peguero Vargas, la jueza impuso
garantía económica, impedimento de salida del país y presentación periódica.
En el caso de Samuel Gregorio
Baquero Sepúlveda, director de Tecnología del Intrant, fue enviado a arresto
domiciliario.
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