Juristas del Colegio de Abogados, miembros de la sociedad civil, marcharon y se desahogaron en el Palacio Nacional, con protesta y discursos contra la Ley 01-24, que crea la Dirección Nacional de Investigación.
Miguel Surun Hernández, presidente
saliente del CARD, expresó que la pieza legislativa autoriza la interceptación
extrajudicial de las comunicaciones telefónicas y electrónicas y sanciona a
todo aquel que no entregue la información requerida a la DNI.
Sostuvo que la normativa constituye
un grave riesgo para periodistas, abogados, médicos y sacerdotes, obligados a
notificar a la DNI, pues la ley 01-24 es un atentado contra el derecho
fundamental de libertad de expresión y acceso a fuentes de información, el
derecho a la intimidad, el secreto profesional, y el principio de transparencia
del Estado.
Puntualizó que la misma afecta la
separación de los poderes públicos, en violación de varios artículos de la
Constitución.
Alertó que lo más peligroso está
recogido en su artículo 26, que consagra que periodistas, abogados, médicos,
bancos, telefónicas y todo ente privado o público que no entregue información
será condenado de dos a tres años de cárcel.
Señaló que, de igual manera, se
legitiman las viejas prácticas de interceptación telefónica y espionaje
electrónico a opositores y comunicadores, pues se autoriza a esa Dirección a
escuchar las comunicaciones electrónicas.
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