Tras dejar la sede de la Prefectura de Lima, donde pasó diligencias por más de siete horas, el detenido en flagrancia por rebelión y conspiración fue llevado vía aérea a la Dirección de Operaciones Especiales de la capital, donde también estuvo recluido el ex presidente Ollanta Humala.
Pedro Castillo fue trasladado este miércoles por la noche a la sede
de la Dirección de Operaciones Especiales (Diroes), una sede policial en el
este de Lima, donde se encuentra recluido el ex mandatario Alberto Fujimori
(1990-2000). Allí pasará las próximas 48 horas en compañía de Aníbal Torres, el
jurista y ex presidente del Consejo de ministros que asumirá su defensa
técnica.
Detenido en flagrancia por rebelión y conspiración, Castillo fue llevado
al Complejo Policial comandante Juan E. Benites Luna, en el distrito del Rímac,
desde la Prefectura de Lima, donde fue intervenido tras abandonar Palacio de
Gobierno tras perpetrar un autogolpe.
Custodiado por agentes de la División de Investigación de delitos de
Alta Complejidad (Diviac-PNP), en ese punto fue subido a un helicóptero que lo
llevó hasta la Diroes, donde también estuvo recluido el ex presidente Ollanta
Humala desde julio del 2017 hasta abril del 2018.
Según Canal N, Castillo iba esposado y en medio de un fuerte
cordón de seguridad.
Mientras era conducido a este establecimiento, un equipo del Ministerio
Público, encabezado por la fiscal general, Patricia Benavides, y de la Policía
Nacional, hacía su ingreso al Palacio de Gobierno, como parte de las
diligencias preliminares contra Castillo por los presuntos delitos de rebelión
y conspiración.
De igual forma, la Fiscalía llegó a los locales de algunos ministerios
para recabar documentación que contribuya a la investigación abierta contra el
exjefe de Estado.
En la víspera, el Ministerio Público confirmó que Castillo fue detenido
por el delito de rebelión, el cual está regulado en el artículo 346 del Código
Penal.
En el Título XVI del capítulo I del documento, referente a acciones que
atentan contra el Estado y orden constitucional, se especifica que
quien “se alza en armas para variar la forma de gobierno, deponer al gobierno
legalmente constituido o suprimir o modificar el régimen constitucional, será
reprimido con pena privativa de libertad no menor de diez ni mayor de veinte
años, y expatriación”.
Alternativamente, la Fiscalía dispuso iniciar diligencias preliminares
por la presunta comisión de conspiración, en agravio del Estado en el artículo
349 del Código Penal, que dispone “pena privativa de libertad no mayor de la
mitad del máximo de la señalada para el delito que se trataba de perpetrar”.
El parte policial de la detención de Pedro Castillo.
La Junta de Fiscales Supremos había anunciado acciones legales tras el
“quebrantamiento del orden constitucional”, en un video grabado por Patricia
Benavides, fiscal de la Nación, y los fiscales supremos Zoraida Ávalos, Pablo
Sánchez y Juan Carlos Villena.
Después del discurso donde disolvió el Congreso, Castillo abandonó la residencia de Palacio junto a su esposa, Lilia Paredes, hijos. Posteriormente, la comitiva presidencial ingresó a la sede de la Prefectura de Lima, ubicada en la avenida España.
La fiscal Patricia Benavides y el fiscal adjunto supremo, Marco Huamán,
encabezaron la diligencia en la prefectura.
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