La directora ejecutiva del Instituto Nacional de Atención Integral a la Primera Infancia (Inaipi), Besaida María Santana Sierra, suspendió el personal que labora en el Caipi Pueblo Nuevo, en San Francisco de Macorís, provincia Juan Pablo Duarte, hasta concluir el proceso judicial por la muerte del menor Maikel Esmil Castro Álvarez y dos años por alegados descuido en sus instalaciones.
A
través de un comunicado, la institución dijo que se rige por protocolos de
actuación que garantizan la eficiencia del modelo de atención y que
condena “cualquier inobservancia a estos protocolos por parte del personal
que tiene a su cargo la atención integral de nuestros infantes”.
Afirmó
el Departamento de Reclutamiento y Selección de Personal cumple a cabalidad con
los criterios establecidos en los perfiles requeridos para la contratación de
servidores.
Informó
que implementan un amplio programa de formación y actualización continua para
fortalecer las competencias de sus colaboradores.
El Inaipi reiteró
su solidaridad con la familia de Maikel Esmil Castro Álvarez.
La
muerte del niño en el Caipi Pueblo Nuevo, en San Francisco de Macorís,
ocurrió el pasado 2 de septiembre, «mientras jugaba con un carro que estaba
dentro de un cubo de 70 centímetros de un líquido incoloro que se presume que
es agua», conforme al informe del Ministerio Público en la solicitud de medida
de coerción.
El
juez Dalvin López, de la Oficina Judicial de Servicios de Atención Permanente
de la provincia Duarte, dictó dos meses de prisión preventiva como medida de
coerción en contra de dos de las cinco empleadas imputadas.
El
magistrado López envió a la cárcel a Rosmery Cross Olivo, maestra, y Katerin
Castaño Bautista, asistente de la maestra.
Mientras
fueron puestas en libertad pura y simple Carmerys Liriano de Candelier,
encargada administrativa; Elena Hernández Muñoz, técnico territorial; y Yanina
Rojas Moronta, coordinadora de agente educativo.
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