Abogados y parientes de sometidos denuncian irregularidad en la Justicia de Santiago.
Por Luis Céspedes Peña
Santiago, R.D.-Abogados y familiares de personas que fueron sometidas a
la Justicia por algún delito, pero que fueron favorecidas con sentencias de
Tribunales de esta ciudad, pidieron a la Suprema Corte de Justicia ordenar
una investigación en Santiago.
Hacen la petición debido a que sus defendidos o parientes no reciben las
notificaciones de apelación o no de parte del Ministerio Público, algunas
de las cuales fueron solicitadas hasta hace tres meses, cuando éstas no
deberían durar más de 48 horas, en el caso hipotético de que el fiscal no se
oponga al veredicto.
Los denunciantes informaron que personas que fueron favorecidas con el
impedimento de salida del país, hace más de dos meses, no pueden viajar porque
el área administrativa del Tribunal que conoció el Auto o la Sentencia, no hace
entrega de la certificación solicitada por la defensa o los familiares de los
sometidos a la Justicia.
Precisaron que eso hace que personas que fueron libertadas por algún
Tribunal se mantengan en prisión, debido a que no se conoce la posición del
Ministerio Público, aunque éste, como es el caso de Santiago, el fiscal
general, que es Osvaldo Bonilla, siempre fija a tiempo su posición de apelación
o no de una sentencia.
La señora María Peña, una de los denunciantes, dijo que un pariente suyo
tiene casi tres meses que el Juzgado de la Segunda Instrucción de Santiago le
levantó el impedimento de salida, pero no puede salir por falta de la
certificación de no apelación.
Indicó que tiene conocimiento que el fiscal de Santiago fijó su
posición, no apelando a la sentencia, porque entendió que no había motivo para
oponerse, pero la defensa y sus familiares siguen esperando la referida
certificación.
“Por esa razón no puede viajar a Estados Unidos, donde tiene su
residencia”, agregó la dama. Dijo que cuando se hace la solicitud, la persona
se hace la idea que el problema será solucionado en dos días, pero no ocurre
así, aunque lo correcto es que se entregue el mismo día por tuno.
Y dijo: “Tenemos la información de que eso ya no es
responsabilidad de los jueces, sino del departamento administrativo,
llámese Secretaría o como lo identifique la Justicia, el cual está bajo las
órdenes de un coordinador o coordinadora”.
Observó que en esa deficiencia también debe intervenir el Ministerio de
Administración Pública (MAP), en virtud de que se trata de servidores públicos
que trabajan bajo la orientación de ese organismo.
Los denunciantes dicen que algunos de los favorecidos con el
levantamiento de impedimento de salida del país, fueron sometidos a la Justicia
por armas de fuego con permisos vencidos, pero registradas en el Ministerio de
Interior y Policía.
Los abogados, que dijeron presentaron quejas en la Suprema Corte de
Justicia, afirmaron que normalmente los tribunales dan plazos de ocho a diez
días al Ministerio Público, para que éste fije su posición de apelación o no a
una determinada sentencia.
Explicaron que los abogados formulan las solicitudes por escrito, casi
siempre, pero también lo hacen de manera verbal, porque se supone que las
Secretarías que reciben los documentos, deben proceder a la mayor brevedad
posible y no dejarlo al olvido.
La señora Peña dijo que su pariente tiene todas las documentaciones
emitidas por las autoridades judiciales para que éste pueda viajar, pero hace
falta la certificación de no apelación del fiscal de Santiago, que tiene más de
dos meses que el magistrado la envió al Tribunal correspondiente.
“Ya sabemos que eso no es culpa de los jueces, sino de algunos de los
técnicos de cada Tribunal, en este caso, del Juzgado de la Segunda Instrucción
de Santiago”, explicó.
Algunos de los abogados dijeron que hay algunos de sus colegas que son
“dichosos”, porque reciben certificaciones de manera rápida.
Observaron que sólo hay que ponerse a pensar la situación de una
persona que fue sometida a la Justicia y favorecida con una sentencia, pero que
debe permanecer retenida uno o tres meses más, porque los responsables de
confeccionar las certificaciones para la libertad, no lo hacen a tiempo.
Afirmaron que esa situación está afectando, no sólo a santiagueros, sino
a residentes de otras provincias que tienen a parientes en la prisión de esta
ciudad.
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