El fiscal Juan Ramírez,
del Departamento de Prófugos de la Fiscalía del Distrito Nacional, explicó que
el arresto se produjo en la mañana de este miércoles mientras el abogado se
encontraba en una villa ubicada en Boca Chica, Santo Domingo Este.
Portorreal Reyes, quien
se encontraba prófugo de la justicia desde el 25 de mayo del 2021, utilizó como
método de estafa cobrar a las personas de apellido Rosario sumas que van desde
los 30 a los 40 mil pesos por los supuestos gastos legales y de representación.
Portorreal Reyes y los demás
imputados en el caso aseguraban a las víctimas que por pertenecer a la “Familia
Rosario” eran herederos de los terrenos valiosos donde opera una empresa
minera y de parte de una supuesta suma millonaria en una entidad bancaria.
Fruto de esta estafa, el 25
de mayo del pasado año el Ministerio Público solicitó a la Oficina Judicial de
Servicios de Atención Permanente del Distrito Nacional la imposición de prisión
preventiva y declarar complejo el caso contra Portorreal Reyes, los imputados
Miguel de Oleo Montero (Miguelón), Hilario Amparo y Miguelina Gómez Santana.
Había sido suspendido.
La querella fue interpuesta
por el presidente del Gremio ante múltiples denuncias
El Tribunal Disciplinario del
Colegio de Abogados de la República Dominicana dictó dos años de suspensión o
inhabilitación laboral del ejercicio de la abogacía al jurista Jhonny
Portorreal Reyes, acusado de estafa y de violar varios artículos del Código de
Ética del Abogado.
El tribunal determinó que
Portorreal violó los artículos 1,2,3,4,14,22,74,75,76 y 77 del Código de Ética
del Profesional del Derecho, razón por la cual fue declarado culpable y
sancionado.
La decisión fue adoptada por
los jueces Domingo Depratz Jiménez, presidente del Tribunal Disciplinario,
Abraham Ortiz Cotez, juez primer sustituto y el magistrado Neufris Pérez
Volquez; en presencia de Belkis Altagracia Rodríguez, secretaria.
El proceso fue conocido luego
de que el tribunal declaró como buenas y validas numerosas querellas en contra
del Jurista interpuestas ante la Fiscalía del Colegio de Abogados por parte del
Consejo Directivo del CARD, encabezado por Miguel Surun Hernández, presidente
del gremio, en respuesta a múltiples denuncias públicas y privadas de los
afectados.
El proceso fue investigado
por los miembros de la Fiscalía Nacional del CARD, integrada por Mayobanex
Martínez, fiscal nacional; Isidra Hernández Mariano, Pascual Romero Sánchez,
Genaro Heredia Romero y Efrain Heredia Romero.
Según las indagatorias el
jurista Jhonny Portorreal se dedicaba a solicitar diferentes sumas de dinero a
las familias de apellido Rosario, para ser incluidos en la presunta herencia de
la familia Rosario, sin existir prueba alguna de la existencia de la misma, lo
que se constituye en una estafa.
Portorreal continuaba en esa
práctica a pesar de que el Ministerio de Energía y Minas ha dicho que no hay
tales derechos, y que tampoco existe documentación ni pruebas de la propiedad
de esas tierras.
El Banco de Reservas informó
que no existen recursos de la herencia de la familia Rosario en esa entidad
bancaria, tal y como lo anunciaba el jurista sancionado.
El dictamen fue notificado a
las partes envueltas en el proceso; así como a la Suprema Corte de Justicia, la
Procuraduría General de la República, a la fiscalía del CARD y otras
instancias, en cumplimiento los artículos 86 y 87 del Estatuto Orgánico del
CARD.
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