Tamboril, Santiago, R.D.- Propietarios de terrenos, muchos de los cuales están invadidos por decenas de personas que se dedican a delinquir, advirtieron al presidente Luis Abinader, tener mucho cuidado con aceptar una invitación que le están haciendo algunos grupos de este Municipio, porque entre ellos está la Asociación de Invasores, que se hace llamar Junta de Vecinos Tierras Prometidas, que presiona para que el gobierno declare esas áreas de Utilidad Pública
José
Narciso Peña y Luis Rodríguez, dicen que ese grupo es el responsable de las
invasiones de terrenos privados en Tamboril.
Los
voceros de esas tierras afirmaron que el plan de invitar al presidente Abinader
a Tamboril, es para solicitarle que declare de Utilidad Pública los terrenos
privados que están siendo invadidos, así como otros que fueron ocupados hace
poco en la zona de Maizal, pero que los invasores fueron sacados por las
autoridades.
Recordaron
que se trata de los mismos invasores denunciados por el alcalde Anyolino
Germosén. Precisaron en la actualidad, sus dirigentes están sometidos a la
Justicia por ocupar parte de seis parcelas de unos empresarios canadienses,
ubicadas en Bocas de Licey y Boca de Maizal. Más del 90% de los invasores, no
son de Tamboril.
El
grupo de denunciantes afirman que esa llamada Junta de Vecinos Tierras
Prometidas, también está invadiendo parte de los terrenos de la Finca El Reino
de los Peña, ubicados en la misma zona de los canadienses.
Destacaron
que tanto las tierras de los Peña, como las de los canadienses, están
documentadas.
La
Finca el Reino de los Peña, está en poder de esa familia desde hace unos 130
años, administrada por herederos de generación en generación.
El
último en administrar esa propiedad fue José Peña Céspedes (Pingue), el cual
murió de la Covid19 en Estados Unidos.
El
propietario original era el fallecido Narciso Peña, quien procreó 11 hijos,
entre ellos 9 hembras y 2 varones; mientras crio otros 10 para sumar la
cantidad de 21.
Las
tierras están a nombre de Peña, hijos de crianza y esposos de hijas del
fallecido, con una cantidad de 5 mil tareas.
De
acuerdo a los denunciantes, los canadienses tienen en proyecto la construcción
de un hotel turístico en sus tierras, pero tienen el inconveniente de que parte
de ellas están invadidas.
Esos
empresarios adquirieron legalmente esas 6 parcelas eran propiedad de Juan
Riquelme Blanco, un oficial retirado del Ejército de Estados Unidos.
José
Narciso Peña dijo que, en lo que respecta a las tierras de su familia, en los
próximos días presentarán una denuncia en la Fiscalía de Tamboril, con la idea
de que los ocupantes ilegales devuelvan
los terrenos, pero que si no lo hacen, entonces formalizarán una querella
por la ocupación de terrenos (que
significa robo en el Código Penal), y que se categoriza como Asociación de
Malhechores, con penas que van desde los seis meses hasta los 30 años de prisión.
Los
Peña tienen en proyecto, para el cual están buscando el apoyo del gobierno del
Presidente Abinader, para volver a poner en producción la finca, la cual era
utilizada para la crianza de ganado, abeja, la agricultura y la conservación
del bosque, mediante la práctica de explotación sostenida, que consiste en
cultivar o cuidar los animales con podas de los árboles, lo que permite la
inmediata recuperación de las áreas donde se cultiva.
El
Ayuntamiento de Tamboril le negó el reconocimiento a la llamada Junta de
Vecinos Tierras Prometidas, por estar compuesta, al 100% por invasores de
terrenos privados.
Y
los denunciantes dicen que se habla de que hay varios funcionarios, los cuales
estarían detrás del movimiento para que el presidente Luis Abinader declare de
Utilidad Pública esas tierras y beneficiarse con parte de ellas.
La
mayoría de los ocupantes ilegales de esas tierras no son los que las
invadieron, debido a que éstos “vendieron” solares a 15 y 20 mil pesos, aunque
en el mercado legal tienen precios mínimos que sobrepasan los 800 mil
pesos.
También informaron que le solicitarán a la Regional Norte del Colegio Dominicano de Ingenieros, Arquitectos y Agrimensores (CODIA), la realización de una investigación, en virtud de que invasores dicen que supuestos agrimensores entran a medir en esas tierras, sin que se sepa cuál es el objetivo, por lo que alertaron a las autoridades del Tribunal de Tierras que está en la Jurisdicción Inmobiliaria del ensanche Román, de cualquier tipo de falsificación de documentos de esos terrenos o, en caso contrario, podría tratarse de estafadores.
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