

Tanto
las empresas periodísticas como los medios electrónicos ofrecen un tratamiento
medalaganario a su obligación de cumplir con lo que dicta el artículo 21 de la
referida ley, lo que obliga al IPPP-CDP a solicitar al gobierno el otorgamiento
de pensiones para asistir a periodistas enfermos y en situación de retiro.
Se
calcula que, de cumplirse al pie de la letra con lo dispuesto, los periodistas
contarían con recursos suficientes para autofinanciar sus planes de salud,
pensión y jubilación, por igual para reforzar las áreas de educación y
formación permanente.
Se
estima que al IPPP-CDP deberían ingresar cada año entre 40 y 50 de millones de
pesos, a partir de que solo el gobierno central invierte en publicidad entre
seis y ocho mil millones, sin contar con las inversiones de las empresas
privadas.
No
obstante, actualmente el promedio de cobros por mes no llega a los 100 mil
pesos, lo que convierte en imposible que el gremio pueda valerse por sí mismo
para acudir en auxilio de muchos de sus afiliados que, tras toda una vida de
trabajo, al final no disponen de ningún medio para alimentarse y enfrentar sus
problemas de salud.
Esa
es la razón por la que, cada año, el IPPP someta una lista de sus miembros al
poder ejecutivo, con la finalidad de obtener algunas pensiones básicamente para
personas que se encuentran en situaciones de precariedad económica y de salud.
Las
expectativas de que las autoridades gubernamentales correspondan crecen con la
llegada de abril, mes en que se celebra el Día Nacional del Periodista y fecha
que habitualmente ha sido aprovechada para la emisión de un decreto, contentivo
de las pensiones a favor de los periodistas y otros sectores.
Algunos
miembros del Colegio Dominicano de Periodistas atribuyen el incumplimiento de
pago por parte de empresarios y propietarios de los medios impresos y
electrónicos, al hecho de que esa institución no ha sabido conducir el tema,
así como a su falta de liderazgo y representación social para hacer valer sus
derechos.
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