La
decisión está contenida en un informe del organismo auditor externo del Estado
del pasado 28 de noviembre, y que recoge los resultados de una investigación
solicitada por la JCE a propósito del reclamo de Indra Sistemas, de una deuda
de US$13,927,931.
El
informe dice que los principales funcionarios de la Junta Central Electoral
actuaron “dentro de los parámetros constitucionales, legales, reglamentarios y
normativos de cumplimiento obligatorio para los administradores de recursos
públicos”.
La
resolución está firmada por Hugo Francisco Álvarez Pérez, presidente de la
Cámara; Félix Álvarez Rivera, miembro; Margarita Melenciano Coporán, miembro y
por Carlos Tejada Díaz, secretario del bufete directivo.
“Motivo
por el cual se determina el cumplimiento de los principios morales y éticos que
regulan el ejercicio de la Función Pública”, dice la resolución AUD-2017-032,
con fecha del 28 de noviembre pasado.
La
JCE ha conformado una comisión para determinar el uso que se daría a los equipos
con miras a las elecciones del 2020, ya que su departamento de informática ha
dicho que no servirían para dicho proceso.
La
comisión está conformada especialistas informáticos del Instituto Tecnológico
de Santo Domingo (INTEC),la Pontificia Universidad Católica Madre y Maestra
(Pucmm), el Instituto Tecnológico de las Américas (ITLA) y las empresas
Cervecería Nacional y Banco Popular Dominicano.
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