Estafaron al Instituto Nacional de Atención Integral a la Primera Infancia, Seguro Nacional de Salud-SENASA- y las empresas distribuidoras de electricidad Edenorte, Edeeste y Edesur, generando un perjuicio económico superior a 108 millones de pesos.
Para el lunes 14 de julio 2025, la jueza de la Oficina de Atención Permanente del Distrito Nacional, doctora Fátima Veloz, tomó conocimiento de medida de coerción contra militares, policiales activos y pensionados que juntos a civiles robaron más de 108 millones de pesos al pueblo dominicano mediante estafas y sobornos.
El actor principal era el coronel Elías Caamaño, además de militar, era actor de cine e hizo el papel de Petán en la película Fefita.
El sistema judicial pide que declare complejo el proceso.
La Grande, que relata la vida de la afamada merenguera típica. Los militares presos en el Palacio de Justicia de Ciudad Nueva.
Hay funcionarios involucrados en el caso de militares propietarios de empresas de seguridad privada pagaban desde un 5% hasta un 10% de soborno por concepto de cada factura pagada a funcionarios estatales que contratan sus servicios.
Precisa que esos funcionarios manipulaban las licitaciones que hacían las instituciones gubernamentales que requerían servicios de seguridad privada, a fin de asegurarse que los seleccionados fueran aquellos dispuestos a cumplir con pagos ilícitos de sobornos.
Militares implicados usaron intermediarios para ocultar sobornos y debilitaron mecanismos de supervisión
Sostiene que las empresas que se comprometían a pagar dichos sobornos, eran contratadas, independientemente de si cumplían o no con los requisitos técnicos económicos establecidos en las convocatorias de licitaciones.
Indica la solicitud de medida de coerción, que esos militares debilitaron, deliberadamente, los mecanismos de supervisión, subordinando el sistema de recepción de servicios a los directores de seguridad, quienes actuaban como garantes del esquema ilícito a cambio de beneficios económicos personales.
Utilizaron intermediarios para canalizar los sobornos, con el propósito de ocultar la identidad de los funcionarios beneficiarios y dificultar la trazabilidad del dinero ilícito.
La solicitud de medida de coerción indica que intermediarios actuaban como enlaces entre las empresas contratistas, servidores públicos, recibiendo pagos, distribuyendo conforme a acuerdos previamente establecidos dentro de la estructura criminal.
Manipulación de licitaciones permitió la contratación de empresas sin requisitos técnicos adecuados
“Para honrar la recepción de sobornos en que funcionarios vinculados cometieron múltiples violaciones a la ley, usurpación de funciones por parte de miembros del Comité de Compras, manipulación de evaluaciones técnicas, adjudicación irregular de contratos y flexibilización arbitraria de cláusulas contractuales”, señala textualmente la medida de coerción.
Indica que esos funcionarios realizaron pagos indebidos por servicios no prestados, sobrecostos por ampliaciones del contrato no autorizadas, facturación previa a la adjudicación formal de contratos y la omisión de retenciones impositivas, lo que implicó pérdidas millonarias para las arcas públicas.
Realizaron maniobras fraudulentas al presentar documentación inconsistente, certificados de personal no cotizantes, licencias vencidas y capacitaciones inexistentes, lo que evidencia una intención deliberada para cometer las conductas atribuidas a estas y sus gerentes.
Sostiene que los militares implicados cobraron al Estado mediante el uso de facturas anticipadas, certificaciones ficticias y el control simulado, inadecuado de la recepción del servicio contratado.
Dice la medida de coerción, que en ese contexto, “hemos detectado que la adquisición de servicios de seguridad privada por parte del Estado dominicano ha estado cooptada, desde hace décadas, por prácticas corruptas, identificándose un patrón que consiste en acaparar contratos cuantiosos, en provecho de unas pocas compañías a cambio de la entrega de sobornos.
Estos delincuentes crearon las compañías, de acuerdo a la instancia acusatoria del Ministerio Público entre las que figuran Servicios Nacional de Seguridad Integral SRL (Senase); Safeco Corredores y Consultores de Seguros SRL; El Niño Prodigio EIRL, propiedad de Quilvio Bienvenido Rodríguez González.
También, Magesty Waste & Recycling Company, vinculada a Bolívar Nicolás Fernández Espinal y Miguelina Antonia Rosario Sánchez.
Igual, la Magesty Recycling SRL, la compañía Magesty Recycling SRL.
Los militares y civiles imputados en el caso Lobo vieron en la adquisición de servicios de seguridad privada con instituciones del Estado, mediante prácticas corruptas, “la puerta hacia la fortuna”, a través de la cual obtuvieron jugosas sumas de dinero mediante contratos irregulares.
Reitera la petición de medida de coerción, en la que el Ministerio Público pide prisión preventiva para los señalados como parte de una estructura que, de forma “inescrupulosa”, aprovechó la oportunidad para saciar su avaricia y ambición personal.
Los imputados
Entre los imputados figuran un mayor general retirado del Ejército, cuatro coroneles que se desempeñaban como jefes de seguridad de varias instituciones, oficiales subalternos y civiles.
De acuerdo al expediente, las instituciones del Estado afectadas incluyen el Instituto Nacional de Atención Integral a la Primera Infancia (INAIPI), el Seguro Nacional de Salud (Senasa) y las empresas distribuidoras de electricidad (Edenorte, Edeeste y EdeSur).
El expediente indica que, a través de empresas de servicios de seguridad privada (guachimanes), durante más de diez años, los implicados distribuyeron sobornos a distintos funcionarios vinculados a las contrataciones adjudicadas y a la supervisión de los servicios prestados.
Las empresas adjudicatarias de contratos de seguridad pagaban entre un 5% y un 10% del valor total de cada factura a los funcionarios involucrados en el proceso, como condición para obtener y mantener dichos contratos.
No hay comentarios.:
Publicar un comentario