El agrimensor Johnny de Jesús Saldaña Hernández, fue arrestado, la tarde del jueves mediante orden judicial, número 668-2024-SAJP-01122, emitida por la Oficina Judicial de Servicios de Atención Permanente de Monte Plata.La orden de arresto, incluye, a Ricardo Rafael Elías Soto Subero, Juan Carlos Rafael Helena Rodríguez, Juan Carlos Florián, Federico Enrique Medrano del Giudice, Diomedes Medrano Peña y Miguel Thomas Pérez Ortiz.
Junto al agrimensor Saldaña Hernández, están acusados de violar artículos 145, 146, 148, 150, 151, 265 y 266 del Código Penal Dominicano por falsificación y uso de documentos falsos; asociación de malhechores, en perjuicio del Estado Dominicano y de Ramón Antonio Rodríguez Román y de sucesores de José G. Saint Hilaire.
Estaría siendo implicado en fraude, falsificación, uso de documentos falsos, asociación de malhechores, estafa inmobiliaria, despojo de derechos contra dueños de terrenos en zonas costeras, agrícolas a espalda de sus dueños.
Esos actos ilícitos, los cometía con aval y complicidad del abogado Rafael Helena Regalado a quien el tribunal de Monte Plata impuesta medida de coerción un año de prisión preventiva.
Mientras el Ministerio Público y la Policía, buscan a otras personas que están prófugas y parte del entramado.
Accionar el agrimensor:
El agrimensor Johnny Saldaña Hernández forma parte del expediente acusatorio.
En las próximas horas el Ministerio Público le solicitará un año de prisión preventiva en medida de coerción en el Juzgado de Atención Permanente de la provincia de Monte Plata.
Investigación.
El Ministerio Público de Monte Plata y la unidad de investigación inmobiliaria de la Procuraduría General de la República, investigan la participación de empleados y funcionarios de ese organismo vinculados con ese grupo de criminales, que aprueban deslindes y traspasos violentando los controles establecidos.
Abogado Amadeo Peralta
Consultado por este medio el abogado Amadeo Peralta reveló que al igual que este caso se investigan a otros agrimensores, alguaciles, notarios, abogados por su participación activa como miembros de otro entramado criminal conocido como “la mafia de Punta Rucia” en Puerto Plata.
Peralta advirtió el alguacil, agrimensor, notario, abogado que pertenezca a ese entramado será sometido a la justicia para que responda por sus actos delictivos.
Sostuvo el abogado Amadeo Peralta, quien lleva varios casos contra falsificadores, violadores de propiedad privada, que el Estado debe ser más activo en el desmantelamiento de las redes de invasores; falsificaciones de documentos que ponen en entredicho la seguridad jurídica; inversiones privadas, extranjeras timadas por miembros de bandas “roba tierra” como la que opera en Punta Rucia que es el mismo modus operandis.
De acuerdo al profesional de las leyes ese grupo de mafiosos, logró cancelar de manera fraudulenta el título de propiedad de terrenos de Punta Rucia; playa la Ensenada en la Provincia de Puerto Plata para apropiarse de grandes extensiones de predios de titulares.
Señala que la banda que allí opera está dirigida por un político de Santiago; abogados, alguaciles y el agrimensor Segundo Antonio Brito Marte suspendido cuatro veces de sus funciones.
Sin embargo, por el poder de la mafia y complicidad de personal dentro del organismo obtienen su liberación, a pesar de que hay procesos abiertos, que lograron obtener cartas constancias de manera fraudulentas e iniciaron sus acciones criminales y fraudulentos con deslindes de playas, casas, propiedades sin que nadie lo supiera, posterior desalojaba a sus verdaderos propietarios.
De acuerdo a Peralta para quedarse con esas propiedades, el grupo de mafiosos depositaban falsas acusaciones de violación de propiedad, extorsionan a las víctimas para que entreguen casas, propiedades, exigen a reales dueños que les entregar la mitad de esos terrenos a fin de poder conseguir en pocos años y que ese entramado fue descubierto por las investigaciones llevadas a cabo por la Procuraduría General de la Republica que aún no los somete a la justicia.
Sostuvo el abogado, que el 29 de noviembre 2013, con el Precedente TC/0242/13, el Tribunal Constitucional se estableció que: la propiedad inmobiliaria registrada, por vía de consecuencia, amparada en un certificado de título, documento oficial que el Estado otorga al ciudadano como prueba y garantía de su titularidad.
Aclara que no puede ser desconocido por acciones particulares, ni del Estado y sus instituciones, pues esto entrañaría una transgresión al artículo 51 del texto constitucional; preceptos de la Ley número 108-05, de Registro Inmobiliario, promulgada en fecha veintitrés de marzo del año 2005, la cual establece en el principio general IV: “todo derecho registrado de conformidad con la presente ley es imprescriptible, goza de la protección y garantía absoluta del Estado” (sic).
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