Fiscales en República Dominicana que viven en apartamentos de narcotraficantes incautados por la justicia en torres.

El primer Tribunal Colegiado del Distrito Nacional espera que la Procuraduría de la República dé el visto bueno a un acuerdo sobre la Torre Crystal, ubicada en el ensanche Naco.

El doctor Jorge Lora Castillo espera respuesta de la Procuraduría ya que ha sido imposible por falta de interés y dueños creen está siendo usufructuado por procuradores de corte y procuradores fiscales.

Lora Castillo representa un dueño dijo que la situación fue puesta en conocimiento por la procuradora general de la República Miriam German Brito.

Dice hace dos años hay acuerdo sin concretizar la entrega a dueños de esos apartamentos. 

Espera la concretización del acuerdo, a pesar inversionistas no han podido recuperar sus inmuebles vía el Departamento de Persecución del Ministerio Público.

Es el Primer Tribunal Colegiado del Distrito Nacional que ha aplazado la audiencia en espera de la solución alterna al conflicto, hay partes que están conteste que solo están esperan la Procuraduría de el visto bueno.

Afirman apartamentos de la Torre Crystal, que serían entregados a afectados y víctimas, están ocupados por fiscales; Procuradores de Corte y no tienen interés de desocupar el inmueble.

El abogado dijo ocupantes se niega a creer que esa actitud de fiscales sea lo que esté impidiendo la salvaguarda derechos de afectados.

La obra fue financiada por la Corporación de Crédito Oriental S.A., acusados de un fraude, según querellantes sobrepasa mil 600 millones de pesos.

Desde agosto del 2013, la Superintendencia de Bancos hizo revisiones en la Corporación de Crédito Oriental, detectando en cada una de ellas irregularidades, que representan 20 sanciones administrativas y otras penales, expresa el Ministerio Público.

La acusación, precisa que la entidad de intermediación financiera le otorgó un préstamo en dólares a la empresa Torre Crystal, por el monto de 14 millones 565 mil dólares y que detectó pagos que se hacían a dicha empresa imputados usaron esos recursos a beneficio personales.

La entidad no contaba con un control sobre sus activos fijos, se hacían contratos de préstamos sin la autorización, tampoco tenía la firma del deudor, certificado financiero llevando membrete de la Financiera Oriental y no suministraba información para la inspección del órgano regulador.

Contra el Consejo de Administración de la Financiera Oriental, S.A., y Corporación de Crédito Oriental, S.A. se habían presentado decenas de querellas.

La entidad se dedicaba a la captación de recursos en dólares, lo que les está prohibido a las Corporaciones de Créditos, Bancos de Ahorros y Crédito, según lo establece el artículo 42, de la Ley No. 183-02, Monetaria y Financiera.

En agosto del 2018, la Superintendencia de Bancos asumió el control de la Corporación de Crédito Oriental S.A. para garantizar depósitos de ahorristas, luego que detectara irregularidades en la entidad.