El viceministro de
Naturalización y Asuntos Migratorios del Ministerio de Interior y Policía, Juan
Manuel Rosario, calificó amenaza a la
soberanía del pais intentos de sectores encubiertos
para nacionalidad a haitianos.
Alertó del intento de
inscripción en el registro civil vías irregulares bajo el pretexto de defender derechos
humanos de individuos que han ingresado al país de manera ilegal a territorio
dominicano.
Con ello se quiere desconocer
el derecho soberano del pueblo dominicano, que es respaldado por tratados
internacionales que regulan las relaciones entre Estados.
Aclaró no se puede exigir al
Estado dominicano asumir responsabilidades que no le corresponden, como proveer
servicios de salud, educación, nacionalidad a personas que no cumplen con los
requisitos legales.
Tilda mde aceptable ningún
funcionario y menos ciudadano comprometa recursos del Estado a afrontar
consecuencias derivadas de la entrada irregular de extranjeros, lo cual
contraviene las leyes nacionales.
«Los derechos humanos colectivos, o de tercera generación, reconocen el derecho
de los pueblos a la libre determinación.
Da a conocer artículo 1 del
Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos consagra este principio,
permitiendo a pueblos definir su condición política, fomentar desarrollo
económico, social y cultural.
Lamentó aquellos que han
defendido la soberanía nacional frente a estas presiones internacionales hayan
sido objeto de aislamiento deliberado, difamaciones, destacando que la defensa
de la nación no admite términos medios.
«La defensa de hogar patrio
es clara: o se protege o se pone en riesgo, sin lugar para ambigüedades o
manipulaciones», añadió.
Recordó que el propio Pacto
Internacional de Derechos Civiles y Políticos establece que cada Estado tiene
la obligación de respetar y garantizar los derechos de todas las personas que
se encuentren dentro de su territorio, siempre que estas estén sujetas a su
jurisdicción.
En este contexto, planteó la
pregunta: «¿Puede un ciudadano o funcionario dominicano, por motivaciones
personales, disponer de los recursos del pueblo para beneficiar a una población
extranjera?».
El funcionario señaló que
ninguna persona tiene el derecho, autoridad a comprometer bienes de la
soberanía nacional.
«Cualquier acción que se tome
a espaldas del pueblo, por parte de individuos o funcionarios, puede
considerarse contraria al derecho internacional, a las tradiciones del derecho
público en América y a la historia del pueblo dominicano», concluyó.
Rosario llama a la sociedad defender
la dignidad y soberanía de la nacionalidad.
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