Creo que el nuevo sistema de elección del Procurador General de la República es más de lo mismo.
La nueva Constitución de la
República Dominicana promulgada este domingo 27 de octubre del 2024, se puede
decir que en sentido general es un paso de avance para la democracia
dominicana, pero no así en lo que tiene que ver con la nueva escogencia del Procurador
General de la República.
Luis Abinader cuando
llegó por primera vez a la presidencia de la República Dominicana el 16 de
agosto del 2020, cumplió con su promesa de escoger un procurador general de la
República independiente, que pudiera actuar sin tener que rendir cuentas al
Poder Ejecutivo.
En esa tesitura el mandatario
designó a la reputada jueza Miriam Germán Brito como
procuradora General de la República, y a los procuradores adjuntos, Wilson
Camacho y Yenny Berenice Aquino, como director de la Procuraduría Especializada
de Persecución de la Corrupción Administrativa (Pepca) y directora general de
Persecución del Ministerio Público, respectivamente.
En sentido general ese equipo
junto a los demás procuradores adjuntos han realizado un trabajo valorado como
positivo por una gran parte de la población dominicana, por el combate a la
corrupción, el narcotráfico y la delincuencia organizada, siendo esta área,
donde el actual gobierno ha sacado buenas notas.
Pese a eso, el Presidente
Abinader prometió que en la reforma constitucional aprobada por la Asamblea
Revisora, se contemplaría un procedimiento para escoger al titular de la
procuraduría alejado de las influencias políticas, que diera como resultando la
escogencia de un funcionario totalmente independiente.
Pero, al promulgarse la
nueva Carta Magna, lo que se establece es que el procurador general
ya no será nombrado por decreto por el Poder Ejecutivo, sino por el Consejo de
la Magistratura tras una propuesta en ese sentido del presidente.
Eso significa, que la
diferencia es casi insignificante, porque seguirá siendo el Presidente de la
República quien propondrá al procurador general de la República, con la única
variante, que su propuesta la someterá al Consejo Nacional de la Magistratura,
un organismo que regularmente actúa de acuerdo a los dictámenes del Poder
Ejecutivo.
Por tanto, habrá que tener
suerte de que el mandatario de turno no sea otro corrupto más. Otra parte
negativa es que el funcionario judicial sería nombrado por 2 años, por lo que,
si se porta mal y comienza a “pasarse de la raya”, podría no seguir en el cargo.
En comparación con otros
países latinoamericanos, podemos encontrar mejores sistemas para nombrar a tan
importante funcionario, que le dan mayor autonomía para actuar de manera
independiente aún contra los presidentes de turnos.
Por ejemplo, en
el Perú, el artículo 158 de la Constitución dice: “El Ministerio
Público es autónomo. El Fiscal de la Nación lo preside. Es elegido por la
Junta de Fiscales Supremos. El cargo de Fiscal de la Nación dura tres años, y
es prorrogable por reelección, sólo por otros dos”.
Es por esa razón, que en ese
país andino todos los presidentes de los últimos 20 años, han sido
investigados, perseguidos o sometidos a la justicia, aún durante el ejercicio
de sus mandatos, por corrupción o permitir la corrupción, incluyendo a la
actual, Dina Boluarte.
En Bolivia, el artículo
227 de la Constitución establece que “el fiscal General del Estado se designará
por dos tercios de votos de los miembros presentes de la Asamblea Legislativa
Plurinacional”.
En Brasil el numeral 1, del
artículo 128 de la Constitución dice que “El Ministerio
Público de la Unión tiene por jefe al Procurador General de la república,
nombrado por el Presidente de la república entre los integrantes de la carrera,
mayores de treinta y cinco años, después de la aprobación de su nominación por
la mayoría absoluta de los miembros del Senado Federal, para un mandato de dos
años, permitiéndose una renovación”.
Visto esos y otros casos,
entiendo que para un mayor fortalecimiento de la justicia, no sólo se necesita
escoger un procurador general de la República con buenos requisitos,
capacidad y calidad moral, sino también, que sea percibido como independiente,
que el método de escogencia sea lo más alejado posible de la influencia
política y que sea creíble por los ciudadanos.
Entonces, por ausencia de
esos elementos, creo que el nuevo sistema de elección del Procurador
General de la República es más de lo mismo, sigue estando sujeto al
criterio del Presidente de turno, quien pudiera ser un hombre honesto, pero
también otro corrupto, continúa conteniendo un alto componente político, y por
tanto, es un sistema ridículo, decepcionante y un nuevo engaño de la clase
política al pueblo dominicano.
Post data: El autor es
abogado y periodista de la República Dominicana
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