El pasado domingo 16 las
elecciones municipales que se celebrarían en todo el país, en los 158
municipios y en los 235 distritos municipales fueron abortadas mediante un
sabotaje al equipo de tecnología de la Junta Central Electoral (JCE). En ellas
se escogerían unos 3,849 alcaldes (as), vice alcaldes (as), regidores, directores,
vocales y suplentes.
Dicho sabotaje se realizó en
los grandes municipios y en algunos distritos municipales donde funcionaría el
voto automatizado de la JCE, en los cuales muchos colegios electorales no
pudieron funcionar. La JCE decidió anularlas por completo.
Este abominable y bochornoso
atentado, sin precedentes en la historia democrática reciente, es un duro golpe
al sistema constitucional y democrático de nuestro país, generándole una gran
tensión innecesaria que atenta contra la paz social, la estabilidad política,
económica y financiera; contra su crecimiento y su desarrollo, enviando un
mensaje negativo a la opinión pública internacional, que puede afectar la
confianza y a las inversiones extranjeras.
En esta crisis electoral urge
que todos los actores de la vida nacional: clase política, empresarial,
religiosa y social, propicien una salida armoniosa a la misma, pues al país no
le conviene que en medio de varios procesos electorales, esta desemboque en una
crisis política y social. Tenemos que evitar el colapso y que sucumba nuestro frágil
sistema electoral, pues en medio de la tormenta, necesitamos salvar las elecciones
municipales programadas para el 15 de marzo próximo, pues son la garantía para
las presidenciales y congresuales de mayo, y posiblemente, de las de junio, si
hay segunda vuelta.
Desgraciadamente nuestro
sistema electoral tiene un costo muy elevado, irresistible, para un país pobre,
en vía de desarrollo, pues si incluimos las Primarias celebradas en octubre
pasado en las que solo participaron los dos partidos mayoritarios y las
abortadas el pasado día 16, serían cinco las elecciones que se celebrarían en
cuestión de meses.
A los actuales jueces de la
JCE, órgano rector de nuestro sistema electoral, aunque sean vigilados, se les
debe dar un voto de confianza, aun en medio de los tantos errores y desaciertos
cometidos; falta de autoridad, incapacidad y deficiencia exhibidas. Pedirla
renuncia de los mismos en estos momentos, como lo vienen haciendo algunos
sectores políticos y sociales, es un craso error, pues el remedio podría
resultar peor que la enfermedad, ya que dentro de esta crisis y con los plazos
encima, no se dispondría del tiempo suficiente para el acoplamiento de los
nuevos incumbentes, en un proceso tan complejo, como el que se está organizando.
Debemos actuar con mucha cautela,
prudencia y comedimiento, evitando los excesos y evitar que las pasiones
personales y partidarias sean colocadas por encima de los intereses del país,
pues este está primero.
Los responsables materiales e
intelectuales de este bochornoso y aberrante hecho, de esta estocada mortal a
la democracia y a la institucionalidad del país, deben ser investigados hasta
las últimas consecuencias y condenados con todo el peso de la ley, pues este delito
tecnológico pone en riesgos la seguridad del Estado Dominicano.
Cada una de esas elecciones
le cuesta al país miles de millones de pesos, sin contar los millones que
invierten los candidatos y los aportes del sector privado. Nuestro país tiene
una gran deuda social acumulada y adolece de muchos problemas básicos que no
han podido ser resueltos en más de cincuenta años de democracia representativa,
lo que la convierte en la más costosa del mundo, sin embargo, avanzamos muy
lentamente.
En el “Mes de la Patria”, en
el que celebramos nuestra independencia y el 207 aniversario del natalicio de Juan
Pablo Duarte, la anulación de las elecciones municipales constituye un
irrespeto una: bofetada, deshonra, burla y afrenta al Padre de la Patria, al hombre
que creyó y confió en el Poder Municipal, como el Primer Poder de la nación.
Ojalá que este vergonzoso hecho que creíamos superado, no se repita jamás.
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