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Senado aprueba ley de sanciona con 20 y 30 años traficantes de personas

Endurece penas para casos que involucren a menores y personas vulnerables

 

 

El Senado aprobó en dos lecturas modificar el artículo 3 y la inclusión del 3.1 en la Ley 137-03 sobre Tráfico Ilícito de Migrantes y Trata de Personas que sanciona con 20 y 30 años de prisión, multas de hasta 300 salarios mínimos del sector público.

 

 

El proyecto fue presentado por el presidente de la Comisión de Justicia y Derechos Humanos del Senado, Antonio Manuel Taveras Guzmán, quien solicitó su aprobación en carácter de urgencia.


Establece la trata de personas, es explotación, será sancionada con severidad, aquellos que lo hagan violando el consentimiento de las víctimas.

Penas más severas en casos vulnerables

La nueva disposición legal especifica la trata afecte a niñas, niños, adolescentes, adultos sin permiso, vulnerables, las sanciones podrán alcanzar entre 20 y 30 años de cárcel.

 

Engaño, rapto, fuerza, coerción configurar el delito, simplificando el proceso judicial en este tipo de casos.

 

El artículo 3.1, incorporado por esta modificación, introduce sanciones de 10 a 20 años de prisión y multas de hasta 300 salarios mínimos para otras formas de trata de personas.

 

La ley busca eliminar vacíos legales y asegurar que las víctimas reciban justicia, reforzando la responsabilidad del Estado en la protección de los grupos más vulnerables de la sociedad.

Puerto Plata declarada provincia ecoturística

 

El Senado aprobó en dos lecturas la ley que declara a Puerto Plata como provincia ecoturística.

 

La iniciativa presentada por la senadora Ginnette Bournigal de Jiménez, cuyo objetivo promover el turismo sostenible en la región y contribuir a la protección del medio ambiente.

 

Reforma al Código Procesal Penal

Otra importante decisión del Senado fue la modificación del artículo 386 del Código Procesal Penal, presentada por el senador Antonio Manuel Taveras.

 

La reforma introduce un recurso excepcional de revisión constitucional para decisiones en apelación sobre habeas corpus, permitiendo que estos casos sean conocidos por el Tribunal Constitucional en determinadas circunstancias.

 

Este cambio fortalece los derechos fundamentales al garantizar un proceso más justo para personas privadas de libertad de forma irregular.

 

La audiencia correspondiente no podrá ser suspendida, asegurando una resolución rápida y efectiva para quienes soliciten su libertad mediante este recurso.

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